“Vivir el paso a paso”: Itinerarios de rehabilitación de la niñez con discapacidad en narrativas de mujeres cuidadoras en la zona poniente de Santiago de Chile Authors: Nelson Muñoz-Lizana, Paulina Osorio-Parraguez, Juan Andrés Pino-Morán, Nelson Muñoz-Lizana, Paulina Osorio-Parraguez, Juan Andrés Pino-Morán Published: 2025 ABSTRACT RESUMENEn Chile, la rehabilitación infantil se reconoce como un derecho respaldado por marcos normativos. Sin embargo, su implementación presenta limitaciones que restringen el acceso y la continuidad de los procesos, y las experiencias y estrategias de las mujeres cuidadoras usuarias del sistema han recibido escasa atención en el diseño y evaluación de políticas públicas. En este contexto, este artículo caracteriza los itinerarios terapéuticos de rehabilitación de niñeces con discapacidad en la zona poniente de Santiago de Chile, desde la perspectiva de sus cuidadoras principales. Entre agosto de 2023 y marzo de 2024, a partir de una metodología cualitativa con enfoque etnográfico, se realizaron acompañamientos con observación participante, registrados en notas de campo, y entrevistas semiestructuradas a 13 mujeres. Los resultados evidencian trayectorias fragmentadas, atravesadas por múltiples barreras de acceso, alta carga de gestión familiar y discontinuidades en la atención. Se identifican cuatro momentos clave: sospecha y diagnóstico, tránsito institucional, desarrollo de intervenciones, y alta terapéutica. Las cuidadoras sostienen los procesos de atención mediante estrategias cotidianas que articulan apoyos públicos, comunitarios y privados. En este marco, el artículo discute los límites de las políticas públicas actuales y resignifica la rehabilitación como una práctica contextualizada, sostenida en redes de cuidado afectivas y desiguales. Introducción La rehabilitación infantil se define como un proceso planificado, intersectorial y sostenido en el tiempo, orientado a optimizar el funcionamiento, el desarrollo y el bienestar de niñas y niños con condiciones de salud que presentan o se encuentran en riesgo de experimentar discapacidad1,2. En consonancia con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud para la Infancia y Adolescencia (CIF-IA)3, la Organización Mundial de la Salud reconoce la rehabilitación como un componente esencial de las estrategias orientadas a garantizar el derecho a la salud de la niñez con discapacidad. Desde un enfoque de equidad e inclusión, estas estrategias buscan reducir barreras, promover entornos accesibles y fomentar la participación activa4,5. Para ello, se requiere contar con marcos normativos sólidos, financiamiento adecuado y servicios integrales, disponibles y pertinentes para las comunidades, que aseguren un acceso equitativo y de calidad5. No obstante, en América Latina y el Caribe, la implementación efectiva de la rehabilitación infantil sigue siendo limitada, debido a persistentes brechas estructurales, desigualdades sociales y fragmentación institucional6,7. Investigaciones realizadas en distintos países de la región, principalmente en Brasil, han documentado numerosas barreras que afectan el acceso y la calidad de estos servicios: diagnósticos errados y/o tardíos8,9,10,11, listas de espera prolongadas12,13, discontinuidades en la atención8, débil coordinación intersectorial8,13,14, escaso reconocimiento del rol de las cuidadoras y desatención de sus necesidades específicas8,9, escasez de recursos humanos y limitaciones materiales13, entre otras. Con frecuencia, la carga de sostener los procesos de rehabilitación recae de manera desproporcionada en las familias, especialmente en las mujeres, quienes deben emprender una búsqueda activa, y muchas veces solitaria, por servicios fragmentados, emocionalmente exigentes y desarticulados entre sí. En este trayecto, deben articular recursos públicos, privados y comunitarios, al tiempo que sostienen prácticas de cuidado que desbordan las prescripciones médicas, en un escenario marcado por desigualdades de clase, género, etnia y territorio13. En Chile, este panorama adopta características particulares que reflejan muchas de las tendencias descritas. Según el III Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC III)15, un 14,7% de niños, niñas y adolescentes presenta alguna discapacidad, con una mayor prevalencia en sectores de bajos ingresos. No obstante, solo el 14,9% de esta población accede a servicios de rehabilitación, a pesar de contar con un marco legal que lo garantiza (Ley 20422)16, lo que evidencia una brecha significativa entre el derecho formal y las condiciones efectivas para ejercerlo. Aunque existen programas como el Fondo de Intervenciones de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI), implementado en el marco del subsistema Chile Crece Más y algunas iniciativas locales, gran parte del proceso de rehabilitación continúa centralizado en recintos hospitalarios especializados o delegado a instituciones privadas con financiamiento público, entre ellas, la Fundación Teletón, caso paradigmático del modelo asistencialista en el país y en la región17,18. Esta configuración expone las limitaciones estructurales del sistema que comprometen la continuidad del cuidado y profundizan las desigualdades en salud en contextos de trayectorias de atención prolongadas. Además, las tra­yectorias de las familias usuarias de los servicios de re­habilitación han sido escasamente consideradas para el diseño y evaluación de políticas públicas sobre la mate­ria, particularmente aquellas trayectorias que consideran saberes, estrategias y tensiones que enfrentan las cuidadoras en su vínculo con el sistema de salud. Indagar en estas experiencias resulta clave para vislumbrar las dinámicas que generan las barreras estructurales y para orientar políticas que garanticen el acceso y la continuidad de la rehabilitación desde la perspectiva de las propias familias. Comprender cómo se configuran estos recorridos requiere un enfoque que exceda la descripción institucional. En este sentido, la noción de itinerarios terapéuticos resulta especialmente útil para analizar cómo se producen estas trayectorias en contextos de desigualdad y fragmentación como en Chile. Lejos de constituir rutas lineales, los itinerarios se conciben como recorridos complejos, atravesados por interrupciones, afectos, aprendizajes y decisiones19,20. Desde esta perspectiva, el abordaje de los procesos salud-enfermedad-atención (PSEA)21, donde se incluye la rehabilitación22, se desarrolla en escenarios en los que coexisten diversos modelos de atención que se entrelazan en prácticas concretas de cuidado23. Por ello, resulta clave indagar en el conjunto de espacios en que se desarrolla la vida de la niñez con discapacidad y su entorno para comprender cómo se produce la rehabilitación y qué significados adquiere. Tal como han señalado estudios recientes en salud colectiva, como los de Venturiello24,25,26 y Brage27, este análisis implica atender no solo a los dispositivos formales disponibles, sino también a las estrategias de navegación institucional, las resistencias cotidianas, los aprendizajes afectivos y el papel central que asumen las cuidadoras (madres, abuelas u otras mujeres del entorno familiar) como agentes que median entre saberes, gestionan recursos, interpretan indicaciones clínicas y sostienen vínculos médico-terapéuticos en condiciones de precariedad institucional. A partir de estas consideraciones, el presente estudio se propone caracterizar los itinerarios de rehabilitación de la niñez con discapacidad en la zona poniente de Santiago de Chile, a partir de las narrativas de sus cuidadoras principales. Se pone énfasis en los sentidos atribuidos al proceso terapéutico, las estrategias desplegadas para sostener el cuidado más allá de los dispositivos formales, y las tensiones emergentes en la relación con actores institucionales. Al visibilizar estas experiencias, se busca aportar a una comprensión crítica de la rehabilitación infantil en condiciones de desigualdad estructural, y contribuir al diseño de políticas públicas que reconozcan el cuidado como una práctica colectiva y vital para la garantía del derecho a la salud. Itinerarios terapéuticos de la rehabilitación de la niñez con discapacidad: aportes desde la salud colectiva y los estudios críticos de la discapacidad Este estudio se inscribe en una perspectiva que articula aportes de la salud colectiva y de los estudios críticos de la discapacidad para pensar los procesos de atención en salud como fenómenos complejos, atravesados por relaciones de poder, condiciones materiales, marcos institucionales y saberes diversos. La noción de PSEA21 constituye un punto de partida para comprender la rehabilitación no como un conjunto aislado de intervenciones biomédicas, sino como parte de un entramado de prácticas, sentidos y relaciones sobre la salud y la discapacidad infantil que se configuran en el universo sociocultural donde transcurre la vida cotidiana. En estos escenarios, coexisten y se interrelacionan múltiples modelos terapéuticos que, desde la perspectiva del pluralismo médico, dan forma a estrategias singulares de cuidado23,28. En este marco, la noción de itinerario terapéutico constituye una herramienta conceptual clave para analizar los procesos de atención en salud desde la perspectiva de quienes los transitan. De acuerdo con Alves y Souza29, desde un enfoque comprensivo, el itinerario terapéutico se concibe como una construcción relacional y contextual, compuesta por el conjunto de decisiones, estrategias, significados y prácticas que las personas movilizan en su búsqueda de cuidado frente a una necesidad de salud. Se trata de un proceso dialógico e intersubjetivo, en el que confluyen distintos actores sociales, saberes, vínculos afectivos y modelos de atención, dentro de marcos sociohistóricos específicos que condicionan y posibilitan las trayectorias del PSEA20,30. En contextos donde se anticipa una oferta de atención fragmentada y desigual, la categoría de itinerario terapéutico permite explorar cómo las cuidadoras de la niñez con discapacidad, con los recursos disponibles y redes de apoyo, construyen y negocian sentidos, traducen indicaciones clínicas y articulan saberes familiares, comunitarios y terapéuticos para sostener el proceso de rehabilitación. Desde una perspectiva relacional, se reconoce que los procesos de cuidado a la niñez con discapacidad no pueden disociarse de las condiciones materiales, simbólicas y afectivas que atraviesan la vida de quienes cuidan31,32. Lejos de ser un rol naturalizado, el cuidado se configura como un campo de disputas políticas y epistémicas, en el que se tensionan marcos de reconocimiento, distribución de recursos, legitimidad de saberes y visibilidad social del trabajo de cuidado. En América Latina, diversos estudios han mostrado cómo las mujeres (madres, abuelas y otras figuras familiares) no solo acompañan los procesos terapéuticos, sino que actúan como mediadoras activas entre los dispositivos institucionales y las necesidades de las personas cuidadas10,26,33. Esta mirada permite comprender el cuidado como una práctica interdependiente, inserta en redes sociales y familiares que coorganizan la vida cotidiana en torno a la discapacidad y sostenida en condiciones estructuralmente desiguales13. Estas discusiones adquieren especial relevancia cuando se aborda la rehabilitación infantil como un campo atravesado por discursos normalizadores y exigencias de adherencia funcional. Desde los estudios críticos de la discapacidad y las infancias34,35,36,37, se ha señalado cómo los modelos rehabilitadores tradicionales tienden a organizar las vidas de las niñeces con discapacidad en torno a trayectorias prescritas de desarrollo, demandando la corrección de desvíos respecto de un ideal de funcionalidad. Estas expectativas no solo operan sobre los cuerpos de la niñez, sino también sobre las familias, que muchas veces deben adaptarse a marcos institucionales rígidos que transforman la vida doméstica en un espacio de intervención profesional constante. En este sentido, se problematiza el lugar que ocupa la familia -y en particular las madres- en la cadena de responsabilidades terapéuticas, así como los efectos que estas demandas producen en sus trayectorias de vida33,38,39,40,41. Perspectivas latinoamericanas plantean que la discapacidad no constituye una condición exclusivamente individual, sino una experiencia relacional que se configura en el entramado de interacciones entre personas, instituciones y territorios34. Así, pensar la rehabilitación desde los itinerarios terapéuticos implica reconocer que este proceso se inscribe en un campo de disputas -entre saberes, modelos y actores- donde lo terapéutico se redefine más allá de la consulta profesional. Como han mostrado algunos estudios en la región11,13,24,25,26,27, estas trayectorias están profundamente atravesadas por relaciones de género, clase, territorio y afectividad, configurando una pedagogía práctica del cuidado que es, al mismo tiempo, una forma de resistencia y una vía de producción de saberes desde la experiencia vivida en contextos de desigualdad estructural. Aspectos metodológicos Este estudio adopta un enfoque cualitativo, orientado a comprender los itinerarios terapéuticos de rehabilitación infantil desde la perspectiva de quienes sostienen cotidianamente los procesos de cuidado. Se inscribe en el paradigma interpretativo42, que reconoce estas trayectorias como construcciones intersubjetivas, situadas en contextos atravesados por relaciones de poder, significados culturales y estructuras institucionales. Bajo un enfoque etnográfico43, se realizaron entrevistas semiestructuradas, observaciones participantes y notas de campo, lo que permitió captar tanto los relatos como las interacciones, silencios y prácticas de las cuidadoras. La muestra se construyó mediante muestreo teórico-intencional y técnica bola de nieve, incluyendo 13 cuidadoras principales (12 madres y una abuela), a cargo de niños y niñas entre 1 y 9 años con discapacidad permanente, residentes en la zona poniente de Santiago y usuarias del sistema público de salud. El trabajo de campo se desarrolló entre agosto de 2023 y marzo de 2024, e incluyó visitas domiciliarias, acompañamientos a centros de rehabilitación y registros situados en contextos comunitarios. Se realizaron 30 entrevistas, de entre 60 y 90 minutos, grabadas y transcritas íntegramente. El guion fue flexible, orientado a la reconstrucción narrativa en torno al acceso, vínculos institucionales y sentidos de los procesos terapéuticos. Se llevaron a cabo principalmente en los hogares o espacios cotidianos para las participantes, lo que permitió anclar los relatos en los escenarios donde se producen los cuidados y las dinámicas familiares. Estos contextos favorecieron un clima de confianza y construcción de narrativas detalladas, aunque en algunos casos implicaron limitaciones asociadas a la variabilidad en las condiciones y tiempos de realización o a la presencia de otros miembros del grupo familiar, aspectos considerados en el análisis e interpretación de los datos. El análisis fue temático, con codificación abierta, axial y selectiva mediante ATLAS.ti, en diálogo con principios de la teoría fundamentada44. Se elaboraron diagramas gráficos y narrativas de los itinerarios, que se validaron con las participantes, fortaleciendo la coherencia interpretativa. La reflexividad incluyó el reconocimiento del investigador como fonoaudiólogo inserto en el sistema público y como hombre en un campo feminizado. Esta posición requirió un ejercicio crítico sostenido, que incluyó discusiones colectivas, análisis de notas de campo y validación de hallazgos. El estudio contó con aprobación del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (Proyecto N.º 027-2023), y todas las participantes fueron informadas previamente sobre los objetivos, alcances y procedimientos del estudio, incluidas las condiciones de grabación, transcripción y uso académico de los relatos. La confidencialidad se resguardó mediante la asignación de códigos alfanuméricos (por ejemplo: C1), sin vínculo con datos personales, y mediante la eliminación de referencias que pudieran permitir la identificación de las participantes o de las niñeces. Los registros fueron almacenados en dispositivos protegidos y de acceso restringido, manteniéndose la anonimización durante todo el proceso de codificación y presentación de resultados. Estas medidas aseguraron la privacidad de las participantes y la coherencia analítica del material utilizado. Los resultados que se informan son parte del trabajo doctoral del autor principal para optar al grado de Doctor en Salud Pública de la Universidad de Chile, cuya investigación mayor se titula “Procesos de rehabilitación de niñeces con discapacidad de la zona poniente de Santiago de Chile: una aproximación a las experiencias de sus cuidadoras principales desde los itinerarios terapéuticos”. Resultados A partir del análisis de las narrativas de las cuidadoras principales, se reconstruyen cuatro momentos clave de los itinerarios terapéuticos de rehabilitación de la niñez con discapacidad: 1) la sospecha y confirmación de que algo ocurre: las experiencias que dan inicio al itinerario; 2) la peregrinación para llegar a rehabilitación: transiciones institucionales, tiempos de espera y autogestión; 3) el desarrollo de las intervenciones terapéuticas: sentidos, tensiones y resignificación de la rehabilitación; y 4) la continuidad y proyecciones abiertas del proceso rehabilitador: la tensión entre la intermitencia de los apoyos y el alta terapéutica. Estos momentos no deben entenderse como etapas cronológicas rígidas, sino como categorías analíticas que permiten caracterizar las complejidades de los itinerarios del proceso de rehabilitación, considerando su diversidad y las particularidades de cada caso. La sospecha y confirmación de que algo ocurre: las experiencias que dan inicio al itinerario Los itinerarios de rehabilitación analizados en este estudio suelen comenzar durante los primeros años de vida. En algunos casos, se activan a partir de diagnósticos en etapas pre o perinatales, frecuentemente asociados a condiciones genéticas o prematurez. En otros, la sospecha emerge en la vida cotidiana, a través de una percepción reiterada por parte de las cuidadoras o del entorno cercano de que “algo no anda bien”. Si bien difieren en su origen, ambas experiencias marcan un punto de inflexión en la trayectoria familiar, dando inicio a un proceso de búsqueda, incertidumbre y reorganización de la vida cotidiana. Los diagnósticos tempranos, lejos de vivirse como un acto meramente clínico, se configuran como lo que Osorio Carranza denomina disrupciones biográficas45: momentos que alteran profundamente las expectativas, las temporalidades y los roles familiares, junto con redefinir el estatus de la niñez con discapacidad para el sistema de salud y su familia. A su vez, el conocimiento del diagnóstico para las cuidadoras implica una doble o triple preocupación, sobre todo en los momentos de hospitalización prolongada posterior al parto, pues deben gestionar los cuidados de otros integrantes de la familia menores de edad y evaluar los recursos disponibles para los insumos médicos en contextos de desempleo o trabajos informales. En este marco, las cuidadoras relatan experiencias marcadas por tensiones con equipos médicos, muchas veces expresadas en clave de violencia obstétrica46, desconfianza o propuestas que desestiman sus convicciones y emociones. La figura médica aparece como portadora de un saber tecnocrático que, en ocasiones, impone decisiones sin considerar las situaciones que están viviendo las cuidadoras. “Me dijeron que la ley me amparaba y que podía abortar, porque mi guagua no iba a nacer viva. Con ese síndrome [trisomía 18] los niños no vivían. Yo les dije que no, que si la guagua se iba a morir, yo lo aceptaba, pero no estaba dispuesta a matarla”. (C5) “La matrona me dijo que mi embarazo era de muy alto riesgo, que era casi imposible que llegara a término, y que ni siquiera me iba a hacer carnet. Le pedí una orden para una ecografía, y me dijo: ‘Sí, pero no te hagas expectativas, capaz que ni siquiera esté’”. (C6) “Me preguntaron si la quería o no, así tal cual: ‘¿Va a querer a la niña o la va a dar en adopción?’. Les dije que estaban locas, que era mi hija y que no la iba a dejar”. (C8) En este punto, se observa la coexistencia de procesos de atención y desatención23,47, donde las indiferencias o descréditos por parte de algunos profesionales se pueden considerar como manifestaciones de una desatención estructural que reproduce jerarquías de clase, género y saber47. Frente a estas situaciones, las mujeres despliegan estrategias de resistencia, como rechazar recomendaciones médicas, buscar segundas opiniones o activar redes familiares para costear exámenes particulares, cuando los recursos económicos y el tipo de previsión de salud se lo permite. Estas acciones no solo expresan agencia, sino que posibilitan sostener decisiones afectivas y éticas en condiciones de precariedad. En otros casos, el itinerario no parte de un diagnóstico médico, sino de una sospecha sostenida que emerge en la vida doméstica. Estas señales suelen manifestarse entre los 6 y 24 meses, cuando las cuidadoras, a través de la observación, la comparación o la intuición, perciben que el desarrollo de sus hijos no responde a las expectativas normativas. “Todo normal, tomaba su leche, fue un niño para mí sano hasta cuando ya tenía como cinco o seis meses, que yo lo dejaba ahí en la cama y ahí se quedaba. Si lo ponías de lado, se iba para los lados, y ahí encontramos que no afirmaba su cabecita”. (C1) Estas señales no siempre son recibidas con certeza. A menudo, se transitan entre la negación, la duda, el autoengaño o la presión externa. Las redes familiares pueden sostener emocionalmente a las cuidadoras, pero también imponer mandatos que las hacen responsables del diagnóstico o del “no haberlo visto antes”. Como han analizado ​​Runswick-Cole et al.39,40, sobre ellas recae un imperativo de vigilancia y gestión del desarrollo infantil que define su valoración social como madres. “Yo no le hacía caso porque era guagua… Al año y cinco meses, las tías de parte de mi pareja me decían: ‘Eso no es normal’. Pero yo decía: es normal, porque me dijeron que venía sano”. (C4) El sistema de salud, en lugar de acoger estas sospechas, muchas veces las deslegitima. Al igual que lo reportado por Puga et al.11, las experiencias de minimización institucional retrasan diagnósticos oportunos y limitan el acceso a intervenciones tempranas. Esto no solo amplifica la incertidumbre, sino que profundiza los procesos de desatención planteados por Hersh-Martínez47. “La doctora del [nombre del hospital] me dijo que era pura mañana, que era un niño completamente sano”. (C3) “En el hospital tuve mala suerte las primeras veces. La primera vez la vieron así no más: ‘Son cosas de abuelas’, dijeron. La segunda neuróloga dijo: ‘No le voy a hacer nada para que no llore’, y no le hicieron nada”. (C2) Frente a la falta de diagnósticos certeros, demoras de atención, el trato despersonalizado y las negociaciones entre el saber experto y el saber experiencial de las cuidadoras, estas últimas toman un rol activo en la búsqueda de prestaciones de salud que se adapten a sus requerimientos. Consultan por fuera del sistema público, interpretan informes, buscan orientación en redes informales y registran el comportamiento de sus hijos para acumular evidencia. Estas acciones, descritas por Brage como tácticas del cotidiano27, reflejan una forma de sostener el cuidado desde la experiencia, incluso sin un diagnóstico oficial, y en medio de la fragmentación institucional. “Quise pedir una segunda opinión con la neuróloga. Cada vez que me tocaba control con ella, me daba un diagnóstico diferente: pasaban cuatro o cinco meses y cambiaba de opinión… Fuimos al neurólogo particular porque queríamos una derivación para ver si era posible que ingresara a la Teletón. Yo no quería que perdiera lo que ya había aprendido. Quería que siguieran ayudándola o al menos que me dijeran a mí cómo seguir trabajando con ella”. (C13) De este modo, en lugar de limitarse a resistir, las cuidadoras transforman la desatención en aprendizaje práctico y afectivo que contribuye a desarrollar lo que Pava-Ripoll denomina capital emocional33, entendido como una forma de saber afectivo que combina reflexión, intuición y acción para afrontar las problemáticas del proceso. Así, esta primera etapa del itinerario no solo inaugura la relación con el sistema de atención, sino que constituye una experiencia formativa y constitutiva del rol cuidador. Emociones ambivalentes como angustia, culpa o alivio se entrelazan con acciones prácticas de contención, búsqueda y defensa. Como sugiere Goodley36, en estos contextos el diagnóstico, o su ausencia, se convierte en un hito que no puede reducirse a una marca de déficit y expresión de vulnerabilidad, pues implica una serie de reconfiguraciones afectivas, redefiniciones de prioridades familiares, disputas de sentido y esfuerzos que revelan un potencial transformador para la vida cotidiana y modifican el lugar de la discapacidad dentro de ella. La peregrinación para llegar a rehabilitación: transiciones institucionales, tiempos de espera y autogestión Tras la sospecha inicial o el diagnóstico, las familias ingresan a una etapa marcada por un intenso recorrido fragmentado a través de distintos niveles del sistema de salud y educación, en búsqueda de apoyos terapéuticos adecuados. El acceso a la rehabilitación se ve condicionado por factores estructurales, como la previsión de salud, la articulación territorial de los servicios, la disponibilidad de redes personales y la capacidad de decodificar la información en un sistema opaco. Algunas cuidadoras logran ingresar a través de derivaciones desde el primer nivel de atención o servicios hospitalarios, mientras otras dependen de referencias informales, profesionales conocidos o atenciones particulares. Esta etapa del itinerario puede entenderse como una “peregrinación institucional”, en la que las cuidadoras asumen tareas que exceden el rol pasivo de usuarias, ya que coordinan interconsultas, gestionan documentos y traslados, y ofrecen contención emocional al grupo familiar. En línea con lo planteado por Alves19 y Menéndez23, estos modos de navegación no constituyen simples desplazamientos entre servicios, sino espacios donde distintas racionalidades, médica, doméstica y burocrática, se intersectan y dan lugar a formas concretas de cuidado. De este modo, el peregrinaje no solo evidencia las ineficiencias del sistema, sino que muestra cómo las familias coproducen la atención y participan activamente en la producción social del proceso de rehabilitación en contextos de fragmentación. Un hallazgo central en esta etapa es la función del diagnóstico médico como llave de acceso a terapias y servicios sociales. Más que una herramienta clínica, el diagnóstico se convierte en una credencial institucional que legitima la demanda y determina el tipo de apoyos disponibles. Este fenómeno se inscribe en los procesos de legitimación o validación de la demanda descritos por Gerhardt20, Venturiello24 y Brage27, en los que el reconocimiento de una necesidad de cuidado depende más de la capacidad de cumplir con los requisitos burocráticos que de la urgencia o la complejidad del caso. De este modo, las familias se ven forzadas a acumular legitimidad ante el sistema para ser reconocidas como portadoras de una demanda válida, lo que redefine el sentido mismo del proceso de atención. “Me dijo: ‘Lo que pasa es que no podemos ingresarlo sin un diagnóstico, un informe, un examen o algo similar’. Entonces yo le respondí que estaba bien, y ella me dijo: ‘Si puede volver a llevarlo a un neurólogo [privado], sería bueno. Si no, igual lo pondremos en lista de espera para el médico, pero eso puede tardar mucho tiempo. Si tiene la posibilidad de llevarlo por fuera, hágalo’”. (C11) Por su parte, el sistema público de salud, debilitado por la escasez de recursos y las extensas listas de espera, fomenta de manera implícita una articulación con prestadores privados, incluidos aquellos del sector privado no lucrativo (fundaciones y corporaciones que operan con financiamiento estatal), como estrategia de compensación institucional. Como consecuencia, se intensifica la carga económica y logística sobre las familias, que deben endeudarse o activar redes personales para acceder a una atención oportuna, lo que profundiza las desigualdades sociales y territoriales. “Cuando terminó la atención en la fundación, pensé: ‘¿Y ahora qué?’. Había que esperar que nos contactaran nuevamente para saber qué hacer con mi hijo, a qué terapeuta llevarlo. Luego fuimos con la neuróloga y me dijo: ‘Esto ya no me corresponde, ahora es algo genético’. Pero no hay nada disponible en lo genético, entonces hay que hacerlo particular”. (C1) El gasto de bolsillo se instala como umbral de acceso. Las familias enfrentan pagos por exámenes, traslados o sesiones particulares. Esta privatización silenciosa del cuidado ocurre en un contexto de precariedad, donde las políticas públicas no garantizan continuidad efectiva. Esta modalidad de funcionamiento, frecuentemente naturalizada como un complemento necesario, refuerza lo que Menéndez23 y Hersch-Martínez47 denominan desatención estructural, entendida como una forma de privatización encubierta del cuidado que traslada a los hogares la responsabilidad de garantizar la continuidad terapéutica. “El examen de ADOS [Autism Diagnostic Observation Schedule o Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo] costaba entre 140, 130, 120 mil pesos. Y ella, creo que me cobró 100 mil. Si no lo hacía, no podía llevarlo a la terapeuta” [$100.000 CLP equivalen a $110 USD según tipo de cambio promedio 2023-2024]. (C7) “Me dijo que tendría que hacerlo por mi cuenta. Entonces fui a un instituto que me dijeron que era el lugar más especializado. El primer examen costó 200 mil pesos, el otro 400 mil. El último costó como 900 mil, y salió normal”. (C1) Ante esta desprotección, las cuidadoras despliegan diversas estrategias: se inscriben en múltiples centros, presentan reclamos, recurren a contactos, buscan atajos o reorganizan sus finanzas. Estas acciones expresan una forma de agencia construida en la desatención que, como plantea Venturiello26, configura una pedagogía del cuidado, es decir, un saber práctico y relacional que se aprende en la experiencia y permite sostener el acompañamiento más allá de las prescripciones institucionales. Esta capacidad de actuar en la incertidumbre también involucra una dimensión afectiva y ética que, en diálogo con Pava-Ripoll33, forma parte y contribuye al capital emocional de las cuidadoras, al movilizar energía y compromiso para mantener el cuidado frente a la falta de apoyo estructural. No obstante, estos aprendizajes implican costos físicos y morales que revelan los límites de esa agencia. “Yo soy la que pide las horas, la que explica todo cuando cambian de terapeuta, la que pelea por las interconsultas. A veces siento que soy más la asistente social que la mamá”. (C6) “Ya estaba muy agotada, frustrada. Incluso llamé al Ministerio de Salud para averiguar si podían hacer algo, porque de verdad estaba colapsada. Averiguamos cuánto salían las terapias particulares y era algo así como 40 mil pesos por sesión, tres veces a la semana. Era carísimo, pero yo pensaba: ‘No importa, vemos cómo lo hacemos darle las terapias que necesita. Haremos lo que tengamos que hacer para pagar eso’”. (C11) Este tránsito también deja huellas emocionales y físicas. Las cuidadoras narran síntomas de agotamiento, insomnio, ansiedad, dolor corporal. La culpa aparece como una constante: por no haber actuado antes, por no poder con todo, por sentir que siempre falta algo. Estas experiencias confirman que el cuidado se produce en un terreno de tensiones. Si bien Thomas48 lo concibe como una práctica ética orientada a sostener la vida y la interdependencia, las narrativas aquí recogidas evidencian los límites de esa ética cuando el cuidado se ejerce sin las condiciones materiales ni institucionales para sostenerlo. En este sentido, Kittay31 amplía el debate al situar la dependencia y el apoyo al cuidador como dimensiones centrales de la justicia relacional, al sostener que no hay cuidado posible si quienes cuidan no son, a su vez, cuidados. Las voces de las participantes revelan, por tanto, una paradoja relevante en la que el mismo acto que preserva la vida también produce desgaste, mostrando que la ética del cuidado requiere ser acompañada por políticas que reconozcan y sostengan su dimensión material y colectiva. “Pasaron semanas que yo no dormí en ningún momento. Entonces la neuróloga me dijo que descansara”. (C6) “Estoy cansada, pero si no lo hago yo, nadie lo hace”. (Nota de campo, acompañamiento a C2). Esta etapa no se reduce a un trámite previo. Se trata de una experiencia compleja, donde el desgaste institucional se cruza con aprendizajes forzados, decisiones éticas y redes de sostenimiento. En este recorrido, las cuidadoras no solo enfrentan barreras materiales, sino que reformulan sus vínculos con el sistema de salud y reconfiguran las formas de habitar el cuidado, atravesadas por mandatos sociales, desigualdades acumuladas y disponibilidad afectiva que, al mismo tiempo que sostiene la rehabilitación, expone sus límites. El desarrollo de las intervenciones terapéuticas: sentidos, tensiones y resignificación de la rehabilitación Tras la primera etapa de movilización institucional, las cuidadoras ingresan a un nuevo terreno: el de las intervenciones terapéuticas. Lejos de representar un momento de contención, este tramo se experimenta como una extensión de las exigencias previas. Las instituciones participantes incluyen una variedad de centros, tanto públicos como privados: Centros de Salud Familiar (CESFAM), programas municipales, hospitales de referencia, e institutos nacionales, fundaciones privadas, profesionales que ejercen de manera independiente, entre otros. En algunos casos, los tratamientos se realizan en el hogar, a través de modalidades domiciliarias. Las sesiones, lejos de estar garantizadas, dependen de múltiples factores: disponibilidad de profesionales, criterios diagnósticos, convenios de financiamiento y, sobre todo, la gestión cotidiana de las familias. A esto se suman los tiempos acotados de atención y la frecuente rotación de profesionales, lo que debilita la continuidad terapéutica. “Antes no pasaba eso. La kinesióloga anterior me daba todas las horas del mes y atendía de forma continua, durante casi un año. En cambio, la nueva profesional nos incluyó en un plan de solo ocho sesiones. Si no hay avances, te dejan fuera”. (C5) A estas limitaciones se suman otras barreras que obstaculizan el ejercicio efectivo del derecho a la rehabilitación. Las dificultades para acceder a las sesiones incluyen distancias excesivas entre el domicilio y los centros, falta de transporte accesible, imposibilidad de reorganizar horarios por trabajos informales, ausencia de acompañantes, o colisión con otras actividades escolares o médicas programadas. “…y así a veces perdimos la hora [de atención], porque a veces me tocan trayectos de tres horas para llegar al instituto. En el metro lo más complicado son los ascensores que muchas veces están en mal estado y tengo que llegar hasta la otra estación” (notas de campo, acompañamiento a C9). “Él sigue necesitando más apoyo, y una sesión con la fonoaudióloga cada dos semanas no es suficiente. Me han dicho que, si puedo buscar más ayuda, lo haga. Pero hasta ahora no tengo ni el tiempo ni el dinero para pagar más terapias, ni para que lo vengan a ver a la casa. Si yo lo llevo, pierdo la tarde completa de trabajo. Además, dejo de trabajar y tengo que encargarme también de mi otra hija”. (C4) Estas dificultades se ven agravadas por la necesidad de cofinanciar tratamientos. Las terapias particulares, los traslados, la alimentación durante los recorridos y los materiales para ejercicios en casa representan costos de bolsillo significativos. Pese a que las familias deberían contar con atención garantizada por el sistema público, en la práctica deben asumir gastos permanentes para asegurar continuidad y calidad del proceso. “En ese tiempo no recibíamos pensión, así que buscamos que FONASA ofreciera más cobertura, no en dinero, sino en cantidad de sesiones y horas. Compramos muchas sesiones de kinesiología y, como íbamos a un centro médico, el papá compraba bonos a su nombre para que atendieran a mi hija. También, comprábamos bonos a nombre de la hermana, yo misma, mi mamá… para que no perdiera sus terapias”. (C6) “Entre pasajes, comida y las sesiones, se me va la plata de la semana, así que organizo algunas cosas para juntar dinero. Entre mi marido y yo hacemos rifas, vendemos completos, cualquier cosa para tener ingresos”. (Nota de campo, acompañamiento C5). Las experiencias de atención en rehabilitación infantil se ven afectadas por programas con cobertura limitada según edad o recursos disponibles, lo que genera rotaciones frecuentes de profesionales y cambios en los enfoques terapéuticos. En este escenario, las cuidadoras elaboran valoraciones diversas: en algunos casos, destacan la construcción de vínculos basados en la empatía, la escucha activa y el reconocimiento de su rol, lo que permite generar espacios de confianza y contención emocional en medio de la inestabilidad. En otros, enfrentan relaciones tensas con los equipos técnicos, marcadas por rigidez, trato impersonal o desvalorización de su experiencia, lo que refuerza una sensación de exclusión y discontinuidad en el proceso de atención. Como advierten Venturiello25,26 y Gerhardt20, el itinerario terapéutico no se sostiene únicamente en prescripciones técnicas, sino en negociaciones cotidianas en las que se disputa el reconocimiento del rol cuidador. Frente a estas tensiones, las cuidadoras despliegan estrategias para hacer valer su voz: observan, comparan, adaptan indicaciones y, cuando lo consideran necesario, interrumpen o modifican el tratamiento. “Yo le decía a la terapeuta que ella ya había pasado por esa etapa, pero la trataban como si recién empezara. Ella se sentía aburrida, hacía los ejercicios rápido solo para terminar. A veces es difícil que los profesionales escuchen, como si uno no supiera lo que ha vivido con ellos”. (C2) La rehabilitación no se restringe a lo prescrito por los servicios: se vive y se ajusta en función de lo cotidiano, de lo que se percibe como útil, posible o sostenible. En este contexto, las familias la expanden hacia la casa, la escuela o la comunidad, integrando actividades cotidianas, juegos, estimulación sensorial o ejercicios adaptados. También recurren a terapias complementarias como la hipoterapia o el uso regular de piscinas, en su mayoría autogestionadas o facilitadas por redes locales. Estas prácticas, en diálogo con el pluralismo médico21,28, muestran cómo las familias combinan saberes biomédicos, familiares y comunitarios para configurar nuevas formas de atención. Así, las cuidadoras articulan experiencias y conocimientos y convierten la rehabilitación en una práctica distribuida orientada a sostener el cuidado dentro de los márgenes de lo posible. “Cuando tenía como un año y dos meses, comenzamos con la hipoterapia. Es como con la terapeuta: pasamos por procesos donde nos dan el alta, luego de medio semestre nos vuelven a llamar, y así seguimos. A ella le encanta y le sirve harto”. (C6) “Una amiga me invitó a un taller en una piscina temperada, donde los sábados prestan tres pistas para niños con discapacidad... Desde el primer día, fue feliz en el agua. Se soltaba solo, flotaba con los ‘tallarines’, y todos se reían. Le hizo muy bien, sobre todo para la musculatura. Las sesiones eran de dos horas”. (C1) En este entramado de esfuerzos, los establecimientos educacionales también se configuran como espacios donde se sostiene, parcialmente, la dimensión terapéutica. Algunas familias encuentran en la escuela, a través del apoyo de profesionales de la salud o docentes diferenciales, una continuidad que muchas veces no logran obtener en los centros de salud. No obstante, aunque estos dispositivos son valorados por las cuidadoras, su funcionamiento no está diseñado ni cuenta con las condiciones necesarias para reemplazar los procesos de rehabilitación, lo que tensiona las expectativas depositadas en la escuela y refleja la fragilidad del entramado institucional de los servicios. “Hasta ahora solo tiene fonoaudióloga en el colegio. No me ha mandado el cuaderno, así que ahora va a tener que empezar a mandar el cuaderno con la estimulación”. (C1) “En el colegio, la tía [terapeuta] me dijo que ha avanzado mucho. Cuando recién entró, ya se sabía las vocales. Un día ella las puso en la pizarra y él las dijo todas: a-e-i-o-u. Me emocioné, porque estuve meses reforzándolas en la casa. Para mí, eso es un gran logro”. (C3) El desarrollo de las intervenciones terapéuticas se configura como un proceso extendido y no lineal que desborda los márgenes institucionales. Así, para estas familias, rehabilitar no significa solo asistir a sesiones formales, sino articular diversas acciones que se distribuyen entre la casa, la escuela, la comunidad y los centros de salud. En este entramado, las familias combinan apoyos, estrategias y recursos, integrando lo cotidiano en lo terapéutico y adaptándolo a las condiciones de posibilidad y sostenibilidad en contextos marcados por la desigualdad. Este movimiento transforma el sentido mismo de la discapacidad, pues ya no se orienta únicamente a corregir o compensar un déficit, sino a reorganizar la vida en torno a otras formas de valor, relación y agencia. En esta línea, Goodley36 y Runswick-Cole39 sostienen que la discapacidad puede entenderse como un espacio de producción social de afectos y vínculos, donde la dependencia se reinterpreta como interdependencia y se amplían las formas posibles de autonomía. Desde esta perspectiva, las prácticas de las cuidadoras revelan una potencia afirmativa, ya que mientras sostienen la rehabilitación también reinventan modos de vida y reconstruyen la noción de desarrollo fuera del ideal normativo. La continuidad y las proyecciones abiertas del proceso rehabilitador: la tensión entre la intermitencia de los apoyos y el alta terapéutica La mayoría de las trayectorias de este estudio abarcan procesos rehabilitadores prolongados, muchas veces superiores a cuatro años. Las cuidadoras relatan avances, retrocesos y detenciones, en un tránsito que no sigue un patrón lineal. El proceso se interrumpe y retoma, cambia de lugar o se adapta, según el desarrollo de cada persona, las decisiones clínicas y las propias percepciones familiares. Durante las entrevistas, se identificaron distintas formas de cierre o suspensión. Algunas responden al alta formal, cuando se considera superada una etapa o resuelta la necesidad de atención. Otras aparecen como interrupciones temporales, vinculadas a la rotación de profesionales, la falta de cupos o la saturación institucional. En varios casos, las cuidadoras interpretan el alta no como una evaluación integral, sino como una decisión administrativa. También se describen interrupciones voluntarias por parte de las familias, motivadas por la percepción de escasos avances o desacuerdo con el enfoque terapéutico. Frente a esta situación, las cuidadoras despliegan estrategias de continuidad que desafían el cierre formal del proceso. Buscan nuevas derivaciones, pagan sesiones privadas, contactan terapeutas conocidos o fortalecen apoyos desde el entorno escolar y comunitario. Lo terapéutico, lejos de terminar, se desplaza, cambia de escenario, se transforma en modalidad, se inscribe en otros vínculos. “Ahora que la tía lo dio de alta estoy buscando una fundación que sea gratuita, porque no puedo costear ese tipo de gastos semanalmente. Es mucho dinero, considerando que son varias terapias. Por ejemplo, si necesita fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, son aproximadamente 50 mil pesos a la semana, pero yo no tengo los recursos”. (C7) Esta persistencia puede leerse, en el sentido planteado por Menéndez23, como una forma de autoatención ampliada, entendido como un proceso colectivo que reconfigura los límites del sistema y permite sostener el cuidado más allá de su cobertura formal. En estas dinámicas, el trabajo cotidiano de las cuidadoras mantiene la continuidad que las instituciones interrumpen, configurando una red paralela, en la que la rehabilitación se coproduce dentro y fuera del sistema. En esta fase, las expectativas sobre el futuro y el sentido del proceso adquieren un lugar central. Con el tiempo, la meta se desplaza desde la normalización hacia acompañamientos situados y metas funcionales alcanzables, donde cada avance cotidiano tiene valor propio. Esta transformación implica también una nueva forma de comprender la discapacidad, que deja de centrarse en el déficit y se orienta hacia los ritmos particulares de cada niñez. Esta transformación implica una comprensión relacional y afectiva de la discapacidad, cercana a la noción de dis/ability de Goodley37, en la que la diferencia se asume como parte de la vida y no como carencia a superar. Sin embargo, este cambio no es absoluto ni uniforme. La aceptación convive con ambivalencias, frustraciones o dificultades para asumir que ciertas condiciones no desaparecerán. “Con estos niños es todo paso a paso. No se trata de hacerse grandes ilusiones, sino de acompañarlos en lo que ellos van logrando. Como mamás queremos lo mejor, pero es mejor agradecer cada avance, por pequeño que sea, que frustrarse esperando algo más. En mi caso, veo a mi hijo y para mí está sano: no necesita medicamentos, come bien, está activo. Es eso: vivir sus logros con él y buscar apoyo donde se pueda”. (C1) “Hasta el día de hoy me cuesta. Me cuesta mucho aceptar que ella no está enferma, que esto es una condición, que lo va a seguir haciendo. Eso es lo que más me cuesta”. (C2) De este modo, aunque los dispositivos clínicos establezcan un punto de cierre, los itinerarios terapéuticos para acompañar el desarrollo de la niñez con discapacidad siguen su curso más allá de las instituciones. Las familias, con los recursos disponibles, median entre el ideal clínico del alta y la continuidad del cuidado. En términos de Osorio Carranza45, la rehabilitación se integra a la trayectoria biográfica familiar y se prolonga como un proceso vital más que como un episodio sanitario, adaptándose a lo posible y a lo significativo de cada experiencia. Discusión Los itinerarios terapéuticos de rehabilitación infantil en la zona poniente de Santiago, tal como emergen en las narrativas de las cuidadoras, muestran que la rehabilitación no puede entenderse como un recorrido lineal ni exclusivamente clínico. Se configura más bien como una práctica social, política y afectivamente densa, atravesada por interrupciones, decisiones morales y disputas de sentido. En diálogo con los aportes latinoamericanos sobre itinerarios terapéuticos, los hallazgos confirman que las familias no se limitan a transitar entre servicios, sino que coproducen la rehabilitación mediante estrategias afectivas, éticas y organizativas que compensan la desatención institucional19,20,21,23,24,27. En esta perspectiva, la rehabilitación se comprende como un proceso relacional que combina saberes profesionales y familiares, sostenido por aprendizajes, vínculos y recursos que las familias movilizan en contextos desiguales. En el caso chileno, aunque el país adhiere a los marcos internacionales de derechos de las personas con discapacidad y establece un marco normativo sobre rehabilitación16, el ejercicio de ese derecho sigue condicionado por exigencias burocráticas, dependencia del diagnóstico, tipo de previsión, localización territorial y capacidad económica de las familias. Ello produce circuitos de acceso que dependen de la capacidad familiar para gestionar derivaciones, activar redes y financiar prestaciones, y no de garantías universales, lo que reproduce la desatención estructural descrita por Menéndez23 y Hersch-Martínez47. Este patrón coincide con hallazgos en otros contextos latinoamericanos, donde se evidencian demoras diagnósticas, discontinuidades y débil articulación intersectorial9,10,11. Sin embargo, mientras en países como Brasil el Sistema Único de Salud ha logrado cierta articulación entre niveles de atención, en Chile la lógica subsidiaria del sistema produce una “tercerización de lo público”, delegando la continuidad terapéutica a fundaciones y prestadores privados. A diferencia de los escenarios descritos por Pedrosa et al.8, en los que las redes públicas intentan articular programas comunitarios, la experiencia chilena se desarrolla en un sistema mixto y fragmentado, donde la rehabilitación depende en gran medida del esfuerzo doméstico y la capacidad de pago familiar. Ello configura una forma de privatización encubierta del cuidado que refuerza desigualdades de clase y género, sin los contrapesos institucionales observados en otros países de la región10,27. En este escenario, las cuidadoras asumen un papel decisivo en la sostenibilidad del proceso. Durante la búsqueda de atención, sus itinerarios se asemejan a un peregrinaje institucional en el que coordinan derivaciones, gestionan documentos y cubren costos de tratamiento. Este trabajo, invisibilizado por las políticas sanitarias, constituye una forma de agencia política que transforma la desatención en acción. En diálogo con el estudio de Venturiello sobre itinerarios terapéuticos24, las mujeres elaboran lo que puede entenderse como pedagogías del cuidado, saberes prácticos y relacionales aprendidos en la experiencia, que permiten sostener los procesos más allá de las capacidades estatales. El análisis de las intervenciones terapéuticas muestra que las cuidadoras amplían la noción de rehabilitación al incorporar prácticas domésticas, comunitarias y escolares, como juegos, ejercicios, terapias alternativas y apoyos educativos, que configuran un proceso distribuido y plural, más allá de la prescripción biomédica25. Este hallazgo se inscribe en el pluralismo médico planteado por Menéndez21 y retomado por Venturiello25, en el que las racionalidades biomédicas, familiares y comunitarias coexisten y se reconfiguran según las condiciones locales. En este contexto, el ámbito comunitario, aunque menos visible que el institucional, se consolida como espacio donde se sostienen procesos de atención, contención y acompañamiento. Talleres extraprogramáticos, redes informales, centros vecinales y prácticas de cooperación entre mujeres configuran entramados paralelos de cuidado. No obstante, a diferencia de experiencias brasileñas que han integrado terapias comunitarias en programas públicos8, en el contexto chileno, las redes familiares y comunitarias existentes presentan un escaso reconocimiento institucional y la continuidad se construye bajo incertidumbre. Las familias no están aisladas, pero su acción colectiva carece de validación pública. Más que apoyos secundarios, estas iniciativas expresan una dimensión colectiva del cuidado que sostienen los procesos en los márgenes del sistema formal. Estas diferencias muestran los diversos matices de expresiones latinoamericanas del cuidado en contexto de discapacidad infantil, en la que se entretejen cuidados relacionales y colectivos, con experiencias más individualizadas y privatizadas. En ambas, la feminización del trabajo de sostén y las desigualdades estructurales se mantienen como ejes comunes que condicionan el acceso, la continuidad y el sentido del proceso terapéutico. Desde la salud colectiva, reconocer su potencial implica integrarlas como actores legítimos en la producción social de salud. En coherencia con esta lectura, Meyer et al.1 y Negrini et al.2 proponen entender la rehabilitación como un proceso intersectorial, sostenido y orientado al bienestar, más que como una suma de intervenciones clínicas. Aunque los marcos internacionales y nacionales reconocen la rehabilitación como derecho y estrategia integral, las trayectorias chilenas revelan una institucionalidad que no articula salud, educación y cuidado social, sino que fragmenta responsabilidades y limita la coordinación. Desde esa perspectiva, se hace visible la brecha entre el ideal normativo y su implementación práctica, que expone la distancia entre el derecho formal y su ejercicio efectivo en contextos de desigualdad. Sin embargo, las trayectorias chilenas revelan una institucionalidad que fragmenta responsabilidades y carece de coordinación entre salud, educación y cuidado social. Este desajuste entre la definición normativa y su aplicación práctica muestra la distancia entre el derecho formal y su ejercicio efectivo en contextos de desigualdad. Hacia el cierre del itinerario, muchas cuidadoras desplazan sus expectativas de recuperación hacia una comprensión de la rehabilitación como acompañamiento vital, más allá de la normalización34,49. Este cambio dialoga con los planteamientos de Osorio Carranza45 sobre las trayectorias biográficas del cuidado y con los enfoques que conciben la discapacidad como una experiencia relacional y afectiva36. Desde esta perspectiva, las prácticas de las familias desafían la noción de desarrollo “normal” que estructura buena parte de las intervenciones terapéuticas y educativas. Como advierten Remorini y Rowensztein49, la idea de normalidad en el desarrollo infantil no es un hecho biológico, sino una construcción histórica que orienta modos de clasificación, medición y jerarquización de los cuerpos y los aprendizajes. Los hallazgos de este estudio muestran cómo las cuidadoras resisten a ese marco normativo, al valorar los avances cotidianos según los ritmos y posibilidades de cada niño o niña, en lugar de los parámetros clínicos de progreso. En este sentido, la resignificación de la rehabilitación en las trayectorias chilenas no implica solo una adaptación a la escasez de recursos, sino una redefinición ética y epistemológica del cuidado que cuestiona las jerarquías de saber y las expectativas de normalización. Aunque el presente estudio no tuvo como propósito realizar un análisis comparativo sistemático por perfiles de atención, se observaron diferencias relevantes en los itinerarios según el tipo de programa, el acceso a redes familiares ampliadas o la modalidad educativa en que participaban las niñeces (escuelas especiales, proyectos de integración escolar u otros). Las cuidadoras con mayores vínculos comunitarios o inserción en espacios organizados de discapacidad (como fundaciones o centros vecinales) mostraban una mayor capacidad de gestión, circulación y contención emocional, lo que confirma la relevancia de las redes sociales como determinantes del itinerario26. Estas experiencias refuerzan la necesidad de fortalecer los espacios comunitarios de rehabilitación en las políticas públicas como componentes legítimos de las redes de salud, reconociendo su papel en la producción colectiva del bienestar. Este punto constituye una línea analítica a profundizar en futuros estudios, en particular, considerando cómo estas variables median las posibilidades reales de continuidad del proceso terapéutico. En términos de política pública, estos hallazgos cuestionan el alcance real de programas como Chile Crece Más o las redes locales de rehabilitación, cuya implementación se ve obstaculizada debido a la falta de coordinación intersectorial y al peso de los criterios administrativos. El diagnóstico se transforma en una llave de acceso más que en parte del acompañamiento, y la cobertura sigue determinada por el tramo de previsión y la capacidad de pago de las familias. Esta situación, también observada por Puga et al.11 en otros países de la región, adquiere en Chile una intensidad particular por la debilidad del sistema público y la concentración de la oferta en instituciones privadas con financiamiento estatal. La atención primaria, con limitada capacidad resolutiva en discapacidad infantil, no logra articular el cuidado continuo, mientras los servicios especializados se concentran en centros de alta complejidad con cobertura restringida y criterios de alta dispares. Desde la salud colectiva, esta constatación evidencia que la universalidad formal del derecho a la rehabilitación no asegura justicia sanitaria si no se reconocen las dimensiones relacionales y comunitarias del cuidado en contextos de desigualdad estructural. El carácter cualitativo del estudio y su foco territorial limitan la posibilidad de generalización, aunque permiten comprender dimensiones afectivas, morales y políticas difíciles de captar desde otros enfoques. Las observaciones acompañadas aportaron profundidad a la comprensión de los itinerarios, pero sería necesario ampliar su alcance para capturar las interacciones institucionales en tiempo real. Asimismo, futuros estudios podrían comparar trayectorias entre distintos territorios o modalidades de atención, para explorar cómo los factores socioeconómicos y de red influyen en la continuidad del cuidado. A modo de conclusión, los itinerarios analizados evidencian que la continuidad de la rehabilitación no depende del sistema de salud, sino del trabajo cotidiano, afectivo y ético de las cuidadoras. En contextos de fragmentación institucional y desigualdad, las familias coproducen la rehabilitación mediante estrategias de gestión, contención y aprendizaje que sostienen los procesos donde el Estado se ausenta. Esta experiencia revela que la rehabilitación no es una práctica técnica, sino una acción social y política que redefine los significados de discapacidad, cuidado y ciudadanía. Frente a ello, se hace necesario avanzar hacia políticas públicas que reconozcan el valor del cuidado como dimensión constitutiva del derecho a la salud y fortalezcan las redes comunitarias como espacios legítimos de producción de bienestar. Garantizar la rehabilitación implica también garantizar las condiciones sociales que hacen posible cuidar. Introduction Childhood rehabilitation is defined as a planned, intersectoral, and sustained process aimed at optimizing the functioning, development, and well-being of children with health conditions who present or are at risk of experiencing disability.1,2) In line with the International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth (ICF-CY),3 the World Health Organization recognizes rehabilitation as an essential component of strategies designed to guarantee the right to health for children with disabilities. From an equity and inclusion perspective, these strategies seek to reduce barriers, promote accessible environments, and foster active participation.4,5 This requires solid regulatory frameworks, adequate financing and comprehensive, available, community-relevant services that ensure equitable and high-quality access.5 However, in Latin America and the Caribbean, the effective implementation of childhood rehabilitation remains limited due to persistent structural gaps, social inequalities, and institutional fragmentation.6,7 Studies conducted in various countries of the region - primarily Brazil - have documented numerous barriers that affect access to and the quality of these services: incorrect and/or delayed diagnoses,8,9,10,11 long waiting lists,12,13 discontinuities in care,8 weak intersectoral coordination,8,13,14 limited recognition of the caregivers role and neglect of their specific needs,8,9 shortage of human resources and material constraints,13 among others. The burden of sustaining rehabilitation processes often falls disproportionately on families, especially women, who must undertake an active and often solitary search for fragmented, emotionally demanding, and poorly coordinated services. Along this path, they must navigate public, private, and community resources while sustaining care practices that exceed medical prescriptions, within a setting shaped by class, gender, ethnic, and territorial inequalities.13 In Chile, this panorama acquires particular characteristics that mirror many of the trends described above. According to the Third National Disability Survey (ENDISC III),15 14.7% of children and adolescents present some form of disability, with higher prevalence among low-income sectors. Nevertheless, only 14.9% of this population accesses rehabilitation services, despite the existence of a legal framework guaranteeing such access (Law 20.422),16 revealing a significant gap between formal rights and the actual conditions for exercising them. Although programs such as the Fund for Child Development Support Interventions (FIADI), implemented within the Chile Crece Más subsystem, and some local initiatives exist, much of the rehabilitation process remains centralized in specialized hospital settings or delegated to private institutions with public funding, including Fundación Teletón, a paradigmatic case of the assistentialist model in the country and the region.17,18 This configuration exposes the system’s structural limitations, which compromise continuity of care and deepen health inequalities in the context of prolonged care trajectories. Moreover, the trajectories of families using rehabilitation services have been scarcely considered in the design and evaluation of public policies, particularly those trajectories that encompass the knowledge, strategies, and tensions caregivers face in their interactions with the health system. Examining these experiences is essential for understanding the dynamics that generate structural barriers and for informing policies that guarantee access to and continuity of rehabilitation from the families’ own perspectives. Understanding how these trajectories are configured requires an approach that goes beyond institutional description. In this regard, the notion of therapeutic itineraries is particularly useful for analyzing how such pathways unfold in contexts of inequality and fragmentation, such as Chile. Far from constituting linear routes, itineraries are conceived as complex courses, traversed by interruptions, affects, learning processes, and decisions.19,20 From this perspective, the approach to health-illness-care processes (HICP),21 which includes rehabilitation,22 develops in scenarios where diverse models of care coexist and intertwine in concrete care practices.23 Therefore, it is crucial to explore the range of spaces in which the daily lives of children with disabilities and their environments unfold, in order to understand how rehabilitation is produced and what meanings it acquires. As pointed out by recent studies in collective health, such as those of Venturiello24,25,26 and Brage,27 this analysis requires attention not only to the formal mechanisms available, but also to institutional navigation strategies, everyday resistance, affective learning processes, and the central role assumed by caregivers (mothers, grandmothers, or other women in the family environment). These caregivers act as agents who mediate between different forms of knowledge, manage resources, interpret clinical guidance, and sustain medical-therapeutic relationships under conditions of institutional fragility. Based on these considerations, the present study aims to characterize the therapeutic itineraries of children with disabilities in the western zone of Santiago de Chile, drawing on the narratives of their primary caregivers. Emphasis is placed on the meanings attributed to the therapeutic process, the strategies deployed to sustain care beyond formal rehabilitation services, and the tensions that emerge in relationships with institutional actors. By rendering these experiences visible, this study seeks to contribute to a critical understanding of child rehabilitation under conditions of structural inequality and to inform the design of public policies that recognize care as a collective practice essential to guaranteeing the right to health. Therapeutic pathways in the Rehabilitation of Children with Disabilities: Contributions from Collective Health and Critical Disability Studies This study is grounded in a perspective that brings together contributions from collective health and critical disability studies to understand health care processes as complex phenomena shaped by power relations, material conditions, institutional frameworks, and diverse forms of knowledge. The notion of HICP21 provides a starting point for understanding rehabilitation not as an isolated set of biomedical interventions, but as part of an interwoven network of practices, meanings, and relationships surrounding child health and disability that take shape within the sociocultural contexts of everyday life. In these settings, multiple therapeutic models coexist and interact, shaping singular care strategies from the perspective of medical pluralism.23,28 Within this framework, the concept of itineraries pathway serves as an analytical tool for examining health care processes from the perspective of those who traverse them. According to Alves and Souza,29 from a comprehensive perspective, the therapeutic itineraries is understood as a relational and contextual construction composed of the decisions, strategies, meanings, and practices mobilized in the search for care in response to a health need. It is a dialogical and intersubjective process involving a range of social actors, forms of knowledge, affective bonds, and care models, all situated within specific sociohistorical contexts that both constrain and enable HICP trajectories.20,30 In contexts where fragmented and unequal care provision is anticipated, the category of therapeutic itineraries helps explore how caregivers of children with disabilities, using available resources and support networks, construct and negotiate meanings, translate clinical indications, and articulate family, community, and therapeutic knowledge to sustain the rehabilitation process. From a relational perspective, the care processes surrounding children with disabilities cannot be separated from the material, symbolic, and affective conditions shaping the lives of those who care for them.31,32 Far from being a naturalized role, caregiving is configured as a field of political and epistemic struggle in which frameworks of recognition, resource allocation, knowledge legitimacy, and social visibility of care work are contested. In Latin America, several studies have shown how women - mothers, grandmothers, and other family figures - not only accompany therapeutic processes but also act as active mediators between institutional devices and the needs of the people they care for.10,26,33) This perspective makes it possible to understand care as an interdependent practice embedded in social and family networks that co-organize daily life around disability, sustained under structurally unequal conditions.13 These discussions become especially relevant when considering child rehabilitation as a field shaped by normalizing discourses and expectations of functional adherence. Critical disability and childhood studies34,35,36,37 have noted how traditional rehabilitation models tend to organize the lives of children with disabilities around prescribed developmental trajectories, demanding the correction of deviations from an ideal of functionality. Such expectations operate not only on children’s bodies but also on families, who must often adapt to rigid institutional frameworks that transform domestic environments into spaces of constant professional intervention. In this sense, the position of the family - particularly mothers - within the therapeutic chain of responsibilities is problematized, along with the effects these demands produce in their life trajectories.33,38,39,40,41 Latin American perspectives highlight that disability is not exclusively an individual condition but a relational experience shaped through interactions among people, institutions, and territories.34 Thus, examining rehabilitation through the lens of therapeutic itineraries means recognizing that this process unfolds within a field of disputes-between forms of knowledge, models, and actors-where what is considered “therapeutic” is redefined beyond the professional consultation. As studies in the region have shown,11,13,24,25,26,27 these trajectories are deeply shaped by relationships of gender, class, territory, and affect, forming a practical pedagogy of care that functions simultaneously as a mode of resistance and a means of producing knowledge from lived experience in contexts of structural inequality. Methods This study adopts a qualitative approach aimed at understanding therapeutic itineraries of child rehabilitation from the perspective of those who sustain daily care processes. It is grounded in the interpretive paradigm,42 which recognizes these trajectories as intersubjective constructions situated in contexts shaped by power relations, cultural meanings, and institutional structures. Guided by an ethnographic approach,43 semi-structured interviews, participant observations, and field notes were conducted, enabling the capture of caregivers’ narratives as well as their interactions, silences, and practices. The sample was constructed through purposive sampling and snowball techniques, including 13 primary caregivers (12 mothers and one grandmother) responsible for children aged 1 to 9 with permanent disabilities, residing in the western area of Santiago and users of the public health system. Fieldwork took place between August 2023 and March 2024 and included home visits, accompaniment to rehabilitation centers, and situated observations in community settings. A total of 30 interviews were conducted, each lasting between 60 and 90 minutes, recorded and fully transcribed. The interview guide was flexible and aimed at narrative reconstruction regarding access, institutional relationships, and meanings of therapeutic processes. Interviews were conducted primarily in participants’ homes or everyday spaces, allowing narratives to be anchored within the contexts where care practices and family dynamics occur. These settings fostered an atmosphere of trust and the production of detailed narratives; however, in some cases, they posed limitations related to varying conditions and timing or the presence of family members, factors considered in the analysis and interpretation of data. Thematic analysis was conducted using open, axial, and selective coding with ATLAS.ti, in dialogue with principles of grounded theory.44 Graphical diagrams and narrative reconstructions of itineraries were developed and validated with participants, strengthening interpretive coherence. Reflexivity involved acknowledging the researcher’s position as a speech therapist working in the public system and as a man in a feminized field. This positionality required sustained critical engagement through collective discussions, analysis of field notes, and validation of the findings. The study received approval from the Research Ethics Committee for Human Subjects of the Faculty of Medicine, University of Chile (Project No. 027-2023). All participants were informed of the study’s objectives, scope, and procedures, including recording, transcription, and academic use of the narratives. Confidentiality was ensured through the assignment of alphanumeric codes (e.g., C1), unlinked from personal data, and by removing identifying information. Records were stored in protected devices with restricted access, ensuring anonymization throughout the coding and results presentation process. These measures safeguarded participant privacy and the analytical coherence of the material used. The results presented here form part of the doctoral work of the principal author in fulfillment of the requirements for the Doctor of Public Health degree at the University of Chile. The broader dissertation is titled “Rehabilitation Processes of Children with Disabilities in the Western Zone of Santiago de Chile: An Approach to the Experiences of Their Primary Caregivers from Therapeutic Itineraries.” Results Based on the analysis of primary caregivers’ narratives, four key moments in the therapeutic itinerariess of children rehabilitation were identified: 1) suspicion and confirmation that something is happening: the experiences that initiate the pathway; 2) the pilgrimage to reach rehabilitation: institutional transitions, waiting times, and self-management; 3) the development of therapeutic interventions: meanings, tensions, and re-signification of rehabilitation; 4) continuity and open-ended projections of the rehabilitation process: the tension between intermittent support and therapeutic discharge. These moments should not be understood as rigid chronological stages but as analytical categories that help characterize the complexities of the rehabilitation pathways, acknowledging their diversity and the specificities of each case. Suspicion and confirmation that something Is happening: experiences that Initiate the pathway The rehabilitation pathways analyzed in this study usually begin during the early years of life. In some cases, they are triggered by diagnoses made during the pre- or perinatal stages, often associated with genetic conditions or prematurity. In others, suspicion emerges in everyday life through a recurring perception by caregivers or close relatives that “something is not right.” Although these experiences differ in their origin, both mark a turning point in the family’s trajectory, initiating a process of searching, uncertainty, and reorganization of daily life. Early diagnoses, far from being experienced as merely clinical acts, take shape as what Osorio Carranza refers to as biographical disruptions:45 moments that profoundly alter expectations, temporalities, and family roles, while also redefining the status of the child with disability for both the health system and the family. For caregivers, learning the diagnosis often entails a double or even triple concern-especially during prolonged postpartum hospitalizations-since they must manage the care of other young family members and assess the resources available for medical supplies in contexts marked by unemployment or informal work. Within this context, caregivers report experiences characterized by tensions with healthcare teams, frequently expressed through forms of obstetric violence,46 distrust, or recommendations that dismiss their convictions and emotions. The medical figure often appears as a bearer of technocratic knowledge that, at times, imposes decisions without considering the circumstances caregivers are undergoing. “They told me the law protected me and that I could have an abortion, because my baby wasn’t going to be born alive. With that syndrome [trisomy 18], babies didn’t survive. I told them no - that if my baby was going to die, I would accept it, but I wasn’t willing to be the one to end her life.” (C5) “The midwife told me that my pregnancy was extremely high-risk, that it was almost impossible for it to reach full term, and that she wasn’t even going to issue me a prenatal card. I asked her for an order for an ultrasound, and she said: ‘Sure, but don’t get your hopes up - it might not even be there.’” (C6) “They asked me if I wanted her or not, just like that: ‘Are you going to keep the baby girl, or are you giving her up for adoption?’ I told them they were crazy, that she was my daughter and I wasn’t going to give her up.” (C8) In this stage, the coexistence of care and institutional neglect processes becomes evident ,23,47 where indifference or dismissal of some professionals can be considered as manifestations of structural neglect that reproduce hierarchies of class, gender, and knowledge.47 In response to these situations, women deploy strategies of resistance, such as rejecting medical recommendations, seeking second opinions, or activating family networks to cover the costs of private examinations when economic resources and their type of health insurance allow it. These actions not only express agency but also make it possible to uphold affective and ethical decisions under conditions of precarity. In other cases, the pathway does not begin with a medical diagnosis but with a sustained suspicion that arises in domestic life. These signs often appear between 6 and 24 months, when caregivers-through observation, comparison, or intuition-perceive that their child’s development does not align with normative expectations. “Everything was normal, he drank his milk, he was a healthy baby to me until he was about five or six months old, when I’d leave him there on the bed and he’d just stay still. If you put him on his side, he would flop to the sides, and that’s when we realized he couldn’t hold his little head up.” (C1) These signs are not always received with certainty. Often, caregivers move between denial, doubt, self-deception, or external pressure. Family networks may provide emotional support, but they can also impose mandates that hold caregivers responsible for the diagnosis or for “not having noticed it earlier.” As analyzed by Runswick-Cole et al.,39,40 an imperative of vigilance and management of child development is placed upon them, one that shapes their social valuation as mothers. “I didn’t really pay attention to it because he was just a baby… When he was about a year and five months old, my partner’s aunts kept telling me, ‘That’s not normal.’ But I would say, it is normal, because they told me he was born healthy.” (C4) The health system, instead of acknowledging these suspicions, often delegitimizes them. As reported by Puga et al.,11 experiences of institutional minimization delay timely diagnoses and limit access to early interventions. This not only amplifies uncertainty but also deepens the institutional neglect processes described by Hersh-Martínez.47 “The doctor at [name of hospital] told me it was all pure morning, that he was a completely healthy baby.” (C3) “At the hospital I had bad luck the first few times. The first time they just looked at her like that and said, ‘That’s just grandma stuff.’ The second neurologist said, ‘I’m not going to do anything to her so she doesn’t cry,’ and they didn’t do anything.” (C2) Faced with the lack of accurate diagnoses, delays in care, depersonalized treatment, and the negotiations between expert knowledge and caregivers’ experiential knowledge, caregivers take on an active role in searching for health services that meet their needs. They seek consultations outside the public system, interpret medical reports, look for guidance within informal networks, and document their children’s behavior to accumulate evidence. These actions, described by Brage as everyday tactics,27 reflect a way of sustaining care through lived experience, even without an official diagnosis and amid institutional fragmentation. “I wanted to get a second opinion from the neurologist. Every time I had a check-up with her, she gave me a different diagnosis: four or five months would go by and she’d change her mind… We went to a private neurologist because we wanted a referral to see if it was possible for her to get into Teletón. I didn’t want her to lose what she had already learned. I wanted them to keep helping her, or at least tell me how I could keep working with her at home.”(C13) In this way, rather than merely resisting, caregivers transform neglect into practical and affective learning that contributes to the development of what Pava-Ripoll terms emotional capital,33 understood as a form of affective knowledge that combines reflection, intuition, and action to confront the challenges of the process. Thus, this initial stage of the itinerary not only inaugurates the relationship with the care system but also constitutes a formative experience that shapes the caregiving role. Ambivalent emotions-such as distress, guilt, or relief-intertwine with practical actions of containment, searching, and advocacy. As Goodley36 suggests, in these contexts the diagnosis, or its absence, becomes a milestone that cannot be reduced to a marker of deficit or an expression of vulnerability, as it entails a series of affective reconfigurations, redefinitions of family priorities, disputes over meaning, and efforts that reveal a transformative potential for everyday life and reshape the place of disability within it. Pilgrimage to rehabilitation: institutional transitions, waiting times, and self-management Following the initial suspicion or diagnosis, families enter a stage marked by an intense and fragmented journey through different levels of the health and education systems in search of adequate therapeutic support. Access to rehabilitation is conditioned by structural factors such as health insurance, the territorial organization of services, the availability of personal networks, and the capacity to decode information within an opaque system. Some caregivers manage to enter through referrals from primary care or hospital services, while others rely on informal references, known professionals, or private consultations. This stage of the pathway can be understood as an “institutional journey,” in which caregivers take on tasks that exceed the passive role of service users, as they coordinate referrals, manage documents and transportation, and provide emotional support to the family group. In line with what Alves19 and Menéndez23 propose, these modes of navigating the system are not mere movements between services but spaces where distinct rationalities-medical, domestic, and bureaucratic-intersect and give rise to concrete forms of care. Thereby, the pilgrimage not only exposes systemic inefficiencies but also shows how families co-produce care and actively participate in the social production of the rehabilitation process in contexts of fragmentation. A central finding at this stage is the function of the medical diagnosis as a key to accessing therapies and social services. More than a clinical tool, the diagnosis becomes an institutional credential that legitimizes the demand and determines the types of available support. This phenomenon aligns with the processes of legitimization or validation of demand described by Gerhardt,20 Venturiello,24 and Brage,27 in which the recognition of a need for care depends more on the capacity to meet bureaucratic requirements than on the urgency or complexity of the case. In this way, families are forced to accumulate legitimacy before the system in order to be recognized as bearers of a valid demand, which redefines the very meaning of the care process. “She told me, ‘The thing is, we can’t admit him without a diagnosis, a report, an exam, or something like that.’ So I told her okay, and then she said, ‘If you can take him back to a (private) neurologist, that would be good. If not, we’ll put him on the waiting list for the doctor anyway, but that could take a long time. If you have the possibility of taking him somewhere else, do it.’” (C11) At the same time, the public health system - weakened by resource shortages and long waiting lists - implicitly fosters an articulation with private providers, including those in the non-profit private sector (foundations and corporations operating with state funding), as an institutional compensation strategy. As a consequence, the economic and logistical burden on families intensifies, as they must go into debt or activate personal networks to secure timely care, thereby deepening social and territorial inequalities. “When the care at the foundation ended, I thought, ‘Now what?’ We had to wait for them to contact us again to know what to do with my son, which therapist to take him to. Then we went to the neurologist and she told me, ‘This isn’t my area anymore; now it’s something genetic.’ But there’s nothing available on the genetics side, so you have to do it privately.” (C1) Out-of-pocket expenses emerge as a threshold for access. Families face payments for examinations, transportation, or private therapy sessions. This silent privatization of care occurs in a context of precarity, where public policies do not guarantee effective continuity. This operation mode - often naturalized as a necessary complement - reinforces what Menéndez23 and Hersch-Martínez47 describe as structural neglect, understood as a form of covert privatization of care that shifts onto households the responsibility for ensuring therapeutic continuity. “The ADOS test [Autism Diagnostic Observation Schedule] cost between 140, 130, 120 thousand pesos. And she, I think she charged me 100 thousand. If I didn’t get it done, I couldn’t take him to the therapist.” [$100,000 CLP is approximately $110 USD based on the 2023-2024 average exchange rate]. (C7) “She told me I’d have to do it on my own. So I went to an institute they told me was the most specialized place. The first test cost 200 thousand pesos, the next one 400 thousand. The last one was around 900 thousand, and it came back normal.” (C1) At this lack of protection, caregivers deploy a variety of strategies: they register in multiple centers, file complaints, rely on personal contacts, seek shortcuts, or reorganize their finances. These actions express a form of agency constructed within neglect that, as Venturiello26 argues, constitutes a pedagogy of care-that is, a practical and relational knowledge learned through experience that enables caregivers to sustain support beyond institutional prescriptions. This capacity to act amid uncertainty also involves an affective and ethical dimension that, in dialogue with Pava-Ripoll,33 forms part of and contributes to caregivers’ emotional capital by mobilizing energy and commitment to maintain care in the absence of structural support. Nonetheless, these learnings entail physical and moral costs that reveal the limits of such agency. “I’m the one who books all the appointments, the one who explains everything whenever they change therapists, the one who fights for the referrals. Sometimes I feel more like a social worker than a mom.” (C6) “I was already so exhausted, frustrated. I even called the Ministry of Health to find out if they could do something, because I was honestly overwhelmed. We checked how much private therapy would cost, and it was something like forty thousand pesos per session, three times a week. It was insanely expensive, but I kept thinking: ‘It doesn’t matter, we’ll figure it out so she gets the therapy she needs. We’ll do whatever we have to do to pay for it.” (C11) This trajectory also leaves emotional and physical traces. Caregivers describe symptoms of exhaustion, insomnia, anxiety, and bodily pain. Guilt emerges as a constant: for not having acted earlier, for not being able to handle everything, for feeling that something is always missing. These experiences confirm that care is produced within a terrain of tension. While Thomas48 conceives care as an ethical practice aimed at sustaining life and interdependence, the narratives gathered here reveal the limits of that ethic when care is carried out without the material or institutional conditions needed to sustain it. In this sense, Kittay31 expands the debate by situating dependency and support for the caregiver as central dimensions of relational justice, arguing that care is not possible if those who care are not, in turn, cared for. The participants’ voices thus reveal a relevant paradox in which the very act that preserves life also generates exhaustion, showing that the ethics of care must be accompanied by policies that acknowledge and sustain its material and collective dimensions. “There were weeks when I didn’t sleep at all. So the neurologist told me I needed to get some rest.” (C6) “I’m tired, but if I don’t do it, no one will.” (Fieldnote, accompaniment with C2) This stage cannot be reduced to a mere preliminary procedure. It is a complex experience in which institutional strain intersects with forced learning, ethical decisions, and networks of support. Throughout this journey, caregivers not only confront material barriers but also reformulate their relationship with the healthcare system and reconfigure the ways they inhabit care-shaped by social mandates, accumulated inequalities, and affective availability which, while sustaining rehabilitation, also exposes its limits. The development of therapeutic Interventions: meanings, tensions, and the re-signification of rehabilitation After the initial stage of institutional mobilization, caregivers enter a new terrain: therapeutic interventions. Far from representing a moment of containment, this phase is experienced as an extension of previous demands. The institutions involved include a variety of centers, both public and private: Family Health Centers (CESFAM), municipal programs, hospitals, national institutes, private foundations, independently practicing professionals, among others. In some cases, treatments take place in the home through domiciliary modalities. Rather than being guaranteed, therapy sessions depend on multiple factors: professionals’ availability, diagnostic criteria, funding agreements, and, above all, the daily management carried out by families. Added to this, the limited time allotted for appointments and the frequent turnover of professionals, which weakens therapeutic continuity. “It didn’t use to be like that. The previous physical therapist gave me all the appointments for the month and saw us continuously, for almost a year. But the new professional put us on a plan of only eight sessions. If there’s no progress, they drop you.” (C5) Added to these limitations are other barriers that hinder the effective exercise of the right to rehabilitation. Difficulties in accessing sessions include excessive distances between the home and service centers, lack of accessible transportation, inability to reorganize schedules due to informal employment, absence of companion, or conflicts with other scheduled school or medical activities. “…and sometimes we ended up missing the appointment, because sometimes it takes me three hours to get to the institute. In the metro, the hardest part is the elevators - they’re often out of order, and I have to go all the way to the next station.” (fieldnotes, accompaniment with C9) “He still needs more support, and one speech therapy session every two weeks isn’t enough. They’ve told me that if I can look for more help, I should. But so far, I don’t have the time or the money to pay for more therapies, or to have someone come to the house. If I take him myself, I lose the whole afternoon of work. And on top of that, I stop working and still have to take care of my other daughter.” (C4) These difficulties are compounded by the need to co-finance treatments. Private therapies, transportation, food during travel, and materials for home-based exercises represent significant out-of-pocket costs. Although families should have guaranteed care through the public system, they must assume ongoing expenses to ensure continuity and quality in the rehabilitation process. “Back then we weren’t receiving any disability pension, so we tried to get FONASA to provide more coverage - not money, but more sessions and hours. We paid for a lot of physical therapy sessions and, since we were going to a medical center, her dad would buy the vouchers under his name so my daughter could be seen. We also bought vouchers under her sister’s name, my name, my mom’s… anything so she wouldn’t miss her therapies.” (C6) “Between transportation, food, and the sessions, my whole week’s money disappears, so I organize different things to raise funds. My husband and I do raffles, sell ‘completos,’ anything to bring in some income.” (fieldnotes, accompaniment with C5) Experiences of care within pediatric rehabilitation are affected by programs with limited coverage depending on age or available resources, which lead to frequent turnover of professionals and changes in therapeutic approaches. In this context, caregivers develop diverse assessments: in some cases, they highlight the building of relationships grounded in empathy, active listening, and recognition of their role, which helps create spaces of trust and emotional support amid instability. In others, they encounter tense relationships with technical teams, marked by rigidity, impersonal treatment, or the devaluation of their experience, reinforcing a sense of exclusion and discontinuity in the care process. As Venturiello25,26 and Gerhardt20 argue, the therapeutic itineraries is not sustained solely by technical prescriptions but by everyday negotiations in which the recognition of the caregiving role is contested. In response to these tensions, caregivers deploy strategies to assert their voice: they observe, compare, adapt recommendations, and, when they deem it necessary, interrupt or modify the treatment. “I told the therapist that she had already gone through that stage, but they treated her as if she were just starting. She would get bored; she did the exercises quickly just to get it over with. Sometimes it’s hard to get professionals to listen, as if we didn’t know what we’ve lived through with our kids.” (C2) Rehabilitation is not limited to what is prescribed by services: it is lived and adjusted according to everyday life, to what is perceived as useful, feasible, or sustainable. In this context, families extend it into the home, the school, or the community, incorporating daily activities, play, sensory stimulation, or adapted exercises. They also turn to complementary therapies such as hippotherapy or regular use of swimming pools, most of which are self-managed or facilitated through local networks. These practices, in dialogue with medical pluralism,21,28 show how families combine biomedical, familial, and community-based forms of knowledge to configure new modes of care. In doing so, caregivers articulate experiences and knowledge, transforming rehabilitation into a distributed practice aimed at sustaining care within the limits possible. “When she was about a year and two months old, we started hippotherapy. It’s like with the therapist: we go through these cycles where they discharge us, then half a semester later they call us back, and that’s how we keep going. She loves it, and it really helps her.” (C6) “A friend invited me to a workshop in a heated pool, where on Saturdays they open up three lanes for children with disabilities… From the very first day, he was so happy in the water. He would let go on his own, float with the pool noodles, and everyone laughed. It did him a lot of good, especially for his muscles. The sessions were two hours long.” (C1) Within this network of efforts, educational institutions also become spaces where the therapeutic dimension is partially sustained. Some families find in the school - through the support of health professionals or special education teachers - a continuity that they often cannot obtain from health centers. However, although these arrangements are valued by caregivers, their design and conditions are not intended to replace rehabilitation processes, which strains the expectations placed on schools and reflects the fragility of the institutional framework of available services. “So far, she only has a speech therapist at school. She hasn’t sent the notebook home, so now she’s going to have to start sending it with the activities for stimulation.” (C1) “At school, the teacher [therapist] told me he’s made a lot of progress. When he first started, he already knew the vowels. One day she wrote them on the board and he said them all: a-e-i-o-u. I got emotional because I had spent months practicing them with him at home. For me, that’s a huge achievement.” (C3) The development of therapeutic interventions takes shape as an extended and non-linear process that exceeds institutional boundaries. For these families, rehabilitation does not mean only attending formal sessions; rather, it involves articulating multiple actions distributed across the home, the school, the community, and health centers. Within this network, families combine supports, strategies, and resources, integrating everyday life into therapeutic practice and adapting it to conditions of possibility and sustainability in contexts marked by inequality. This movement transforms the very meaning of disability, as it is no longer oriented only toward correcting or compensating for a deficit but toward reorganizing life around other forms of value, relationship, and agency. In this sense, Goodley36 and Runswick-Cole39 argue that disability can be understood as a space of social production of affects and relationships, where dependency is reinterpreted as interdependence and the possible forms of autonomy are expanded. From this perspective, caregivers’ practices reveal an affirmative potential: as they sustain rehabilitation, they also reinvent ways of living and reconstruct the notion of development outside the normative ideal. Continuity and open projections of the rehabilitation process: the tension between intermittent support and therapeutic discharge Most of the trajectories analyzed in this study involve long-term rehabilitation processes, often extending beyond four years. Caregivers describe progress, setbacks, and periods of stagnation, in a pathway that does not follow a linear pattern. The process is interrupted and resumed, relocated, or adapted depending on each child’s development, clinical decisions, and the families’ own perceptions. Throughout the interviews, different forms of closure or suspension were identified. Some correspond to a formal discharge, issued when a stage is considered complete or the need for care resolved. Others appear as temporary interruptions related to professional turnover, lack of available appointments, or institutional saturation. In several cases, caregivers interpret discharge not as the result of a comprehensive evaluation but as an administrative decision. Voluntary interruptions by families were also described, motivated by the perception of limited progress or disagreement with the therapeutic approach. In response to this situation, caregivers develop strategies to sustain continuity despite the formal closure of the process. They seek new referrals, pay for private sessions, contact familiar therapists, or strengthen support within school and community settings. Therapeutic work, far from ending, is displaced, shifted to new spaces, transformed in its modalities, and embedded within other relationships. “Now that the therapist discharged him, I’m looking for a foundation that’s free, because I can’t afford those kinds of weekly expenses. It’s a lot of money, considering it’s several therapies. For example, if he needs a speech therapist, an occupational therapist, it’s about 50,000 pesos a week, and I just don’t have the resources.” (C7) This persistence can be read, following Menéndez’s23 formulation, as a form of expanded self-care, understood as a collective process that reconfigures the boundaries of the system and enables the continuity of care beyond its formal coverage. Within these dynamics, the caregivers’ everyday work sustains the continuity that institutions interrupt, shaping a parallel network in which rehabilitation is co-produced both within and beyond the system. In this phase, expectations about the future and the meaning of the process acquire a central place. Over time, the goal shifts from normalization toward situated forms of accompaniment and attainable functional objectives, where each everyday achievement holds its own value. This transformation also entails a new way of understanding disability - one that moves away from deficit-centered frameworks and toward the particular rhythms of each child. It implies a relational and affective understanding of disability, akin to Goodley’s37 notion of dis/ability, in which difference is taken as a part of life rather than a deficiency to be overcome. However, this shift is neither absolute nor uniform. Acceptance coexists with ambivalences, frustrations, and the difficulties of acknowledging that certain conditions will not disappear. “With these kids, everything is step by step. It’s not about getting your hopes too high, but about being there with them as they make their own progress. As moms we want the best, but it’s better to appreciate every little milestone than to get frustrated waiting for something more. In my case, I look at my son and to me he’s healthy: he doesn’t need medication, he eats well, he’s active. That’s what it is - celebrating his achievements with him and looking for support wherever we can find it.” (C1) “Even today, I still struggle. It’s really hard for me to accept that she’s not sick, that this is a condition, that she’s going to keep being this way. That’s what’s hardest for me.” (C2) In this way, although clinical devices may establish a formal endpoint, the therapeutic itinerariess that accompany the development of children with disabilities continue beyond institutional boundaries. Families, drawing on the resources available to them, mediate between the clinical ideal of discharge and the ongoing continuity of care. In the terms proposed by Osorio Carranza,45 rehabilitation becomes integrated into the family’s biographical trajectory and extends as a vital process rather than a purely health-related episode, adapting to what is possible and meaningful within each experience. Discussion The therapeutic itinerariess of childhood rehabilitation in the western area of Santiago, as they emerge in caregivers’ narratives, show that rehabilitation cannot be understood as a linear or exclusively clinical trajectory. Rather, it is configured as a socially, politically, and affectively dense practice, shaped by interruptions, moral decisions, and disputes over meaning. In dialogue with Latin American contributions on therapeutic itineraries, the findings confirm that families do not merely move through services; instead, they co-produce rehabilitation through affective, ethical, and organizational strategies that compensate for institutional neglect.13,20,21,23,24,27 From this perspective, rehabilitation is understood as a relational process that combines professional and family knowledge, sustained by the learning, bonds, and resources that families mobilize in unequal contexts. In the case of Chile, although the country adheres to international disability rights frameworks and has a normative structure for rehabilitation,16 the exercise of this right remains conditioned by bureaucratic requirements, dependence on diagnosis, type of insurance coverage, territorial location, and families’ economic capacity. This produces access circuits shaped more by families’ ability to manage referrals, activate networks, and finance services than by universal guarantees, reproducing the structural neglect described by Menéndez23 and Hersch-Martínez.47 This pattern aligns with findings from other Latin American contexts, where diagnostic delays, discontinuities, and weak intersectoral coordination persist.9,10,11 However, while countries such as Brazil have achieved some articulation across levels of care through the Unified Health System, in Chile the subsidiary logic of the system results in a “third-sectorization of the public sphere,” delegating therapeutic continuity to foundations and private providers. Unlike the scenarios described by Pedrosa et al.,8 where public networks seek to articulate community programs, the Chilean experience unfolds in a mixed and fragmented system in which rehabilitation largely depends on domestic labor and families’ ability to pay. This produces a form of concealed privatization of care that reinforces class and gender inequalities, lacking the institutional counterweights observed in other countries of the region.10.27 In this scenario, caregivers assume a decisive role in sustaining the process. During their search for care, their pathways resemble an institutional pilgrimage in which they coordinate referrals, manage documents, and cover treatment costs. This labor, invisible within health policy, constitutes a form of political agency that transforms neglect into action. In dialogue with Venturiello’s study on therapeutic itineraries,24 women develop what can be understood as pedagogies of care-practical and relational forms of knowledge learned through experience that allow them to sustain processes beyond state capacities. The analysis of therapeutic interventions shows that caregivers broaden the notion of rehabilitation by incorporating domestic, community, and school-based practices - such as play activities, exercises, alternative therapies, and educational support - that configure a distributed and plural process extending beyond biomedical prescription.25) This finding aligns with the medical pluralism described by Menéndez21) and taken up by Venturiello,25 in which biomedical, family, and community rationalities coexist and are reconfigured according to local conditions. Within this context, the community sphere, although less visible than institutional structures, consolidates itself as a space in which care, support, and accompaniment are sustained. Extracurricular workshops, informal networks, neighborhood centers, and practices of cooperation among women form parallel care infrastructures. However, unlike Brazilian experiences that have integrated community therapies into public programs,8) in the Chilean context existing family and community networks receive minimal institutional recognition, and continuity is built amid uncertainty. Families are not isolated, yet their collective action lacks public validation. Rather than secondary supports, these initiatives express a collective dimension of care that sustains processes at the margins of the formal system. These contrasts illustrate the diverse expressions of care in Latin American contexts of childhood disability, where collective and relational forms of care coexist with more individualized and privatized experiences. In both scenarios, the feminization of care labor and structural inequalities remain central axes shaping access, continuity, and the meaning of therapeutic processes. From the perspective of collective health, acknowledging their potential implies recognizing these actors as legitimate contributors to the social production of health. In line with this reading, Meyer et al.1 and Negrini et al.2 propose understanding rehabilitation as an intersectoral, sustained, and wellbeing-oriented process, rather than a collection of clinical interventions. Although international and national frameworks recognize rehabilitation as a right and an integral strategy, Chilean trajectories reveal an institutional configuration that does not coordinate health, education, and social care but instead fragments responsibilities and limits coordination. From this perspective, the gap between normative ideals and practical implementation becomes visible, exposing the distance between the formal right and its effective exercise in unequal settings. The Chilean experience, therefore, shows an institutional landscape that fragments responsibilities and lacks coordination across health, education, and social care. This mismatch between normative definitions and practical execution underscores the distance between formal rights and their effective realization in settings marked by inequality. Toward the end of the pathway, many caregivers shift their expectations from recovery toward an understanding of rehabilitation as lifelong accompaniment, beyond normalization.34,49 This shift resonates with Osorio Carranza’s45 conceptualization of the biographical trajectories of care and with approaches that conceive disability as a relational and affective experience.36 From this perspective, families’ practices challenge the notion of “normal” development that underpins much therapeutic and educational intervention. As Remorini and Rowensztein49 argue, ideas of normality in child development are not biological facts but historical constructions that guide classification, measurement, and hierarchization of bodies and learning. The findings of this study show how caregivers resist this normative frame, valuing everyday progress according to each child’s rhythms and possibilities rather than clinical parameters of progress. In this sense, the reconfiguration of rehabilitation in Chilean trajectories is not merely an adaptation to resource scarcity but an ethical and epistemological redefinition of care that questions knowledge hierarchies and normalization expectations. Although this study did not aim to produce a systematic comparative analysis by types of services, relevant differences were observed across itineraries depending on program characteristics, access to extended family networks, and the educational modalities in which children participated (special schools, school integration programs, or others). Caregivers with stronger community ties or involvement in organized disability spaces (such as foundations or neighborhood centers) demonstrated greater capacity for management, mobility, and emotional support, confirming the relevance of social networks as determinants of the therapeutic itineraries.26 These experiences underscore the need to strengthen community-based rehabilitation spaces within public policy as legitimate components of health networks, recognizing their role in the collective production of wellbeing. This represents an analytical direction to be further explored in future studies, particularly regarding how these variables mediate the actual possibilities of therapeutic continuity. From a public policy perspective, these findings question the real scope of programs such as Chile Crece Más or local rehabilitation networks, whose implementation is hindered by the lack of intersectoral coordination and the weight of administrative criteria. Diagnosis becomes a key to access rather than part of ongoing support, and coverage remains determined by insurance status and families’ ability to pay. This situation, also observed by Puga et al.11 in other Latin American countries, acquires particular intensity in Chile due to the weakness of the public system and the concentration of services in privately run institutions funded by the state. Primary care, with limited capacity to address childhood disability, fails to articulate continuous care, while specialized services are concentrated in high-complexity centers with restricted coverage and uneven discharge criteria. From the perspective of collective health, this demonstrates that the formal universality of the right to rehabilitation does not guarantee health justice unless the relational and community dimensions of care in contexts of structural inequality are recognized. The qualitative nature and territorial focus of this study limit generalizability, though they allow the exploration of affective, moral, and political dimensions that are difficult to capture through other approaches. Accompanied observations added depth to the understanding of pathways, yet expanding their scope would be necessary to observe institutional interactions in real time. Future studies could also compare trajectories across territories or service modalities to examine how socioeconomic and network factors shape the continuity of care. In conclusion, the pathways analyzed show that the continuity of rehabilitation does not depend on the health system but on caregivers’ daily, affective, and ethical labor. In contexts of institutional fragmentation and inequality, families co-produce rehabilitation through management, caregiving, and learning strategies that sustain processes where the state is absent. This experience reveals that rehabilitation is not a technical practice but a social and political action that redefines the meanings of disability, care, and citizenship. In light of this, it is necessary to advance toward public policies that recognize care as a constitutive dimension of the right to health and strengthen community networks as legitimate spaces for the production of wellbeing. Guaranteeing rehabilitation also requires guaranteeing the social conditions that make care possible.