Reflexiones desde la experiencia del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia: 1993-2026 Authors: Hernando Gaitán Duarte, Ximena Briceño-Morales, Carlos Fernando Grillo-Ardila, Jorge Andrés Rubio Romero Published: 2026 El sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) colombiano atraviesa una de las crisis más profundas desde la implementación de la Ley 100 de 1993. Las dificultades actuales en el acceso oportuno a los servicios de salud, la creciente desfinanciación de múltiples actores del sistema, la intervención y liquidación de aseguradoras, el deterioro de la capacidad operativa de numerosas instituciones prestadoras, y la insatisfacción de pacientes y trabajadores de la salud 1 evidencian la necesidad de un amplio acuerdo social que permita reconstruir la confianza y garantizar la sostenibilidad del sistema. La magnitud de los desafíos actuales exige una reflexión orientada no solo a recuperar los avances en cobertura y acceso alcanzados durante la primera década del siglo XXI, sino también a identificar las decisiones y circunstancias posteriores que contribuyeron al progresivo deterioro financiero, institucional y de confianza observado. Comprender las lecciones del pasado resulta indispensable para evitar la repetición de errores que puedan comprometer nuevamente la estabilidad del sistema y la protección efectiva del derecho fundamental a la salud. En este editorial se presenta una breve revisión histórica, desde la perspectiva de los médicos, sobre el proceso de creación de la Ley 100 de 1993 y algunos de los principales acontecimientos que marcaron la evolución posterior del SGSSS. Antes de examinar los principales hitos de este proceso, conviene recordar que los sistemas de salud contemporáneos se estructuran alrededor de diversos actores cuyas necesidades e intereses deben ser considerados de manera equilibrada: los pacientes y sus familias, los trabajadores de la salud, las instituciones prestadoras de servicios, las entidades aseguradoras, los organismos gubernamentales y el Estado en su conjunto. La interacción y la manera en que se distribuyen las responsabilidades y los incentivos entre estos actores, son elementos determinantes para el éxito o fracaso de cualquier sistema de salud y de las reformas a los que sean sometidos. LA REFORMA AL SISTEMA DE SALUD Y LOS PRIMEROS VEINTE AÑOS El proceso de diseño y reglamentación de la Ley 100 de 1993, liderado principalmente por actores gubernamentales, sectores políticos y representantes del ámbito asegurador, generó discusión pues la participación de otros actores fundamentales del sistema, como los trabajadores de la salud, las instituciones prestadoras de servicios y los pacientes, fue limitada 2,3. Como resultado, el nuevo modelo de salud incorporó de manera predominante los principios de la economía de mercado y la competencia regulada. En este contexto, se asignó a las entidades promotoras de salud (EPS) (hoy empresas administradoras de planes de beneficios de salud [EAPB]) la función de gestionar el aseguramiento y actuar como intermediarias entre el Estado, los prestadores de servicios y los usuarios, ubicándolas en una "posición dominante" dentro de un nuevo mercado de la salud. Esta situación no deseable puede favorecer, cuando se abusa de ella, la distorsión de los precios en el mercado, y generar asimetrías en el poder de negociación 4. Además, la labor de intermediación financiera tiene un costo y puede producir excedentes financieros, por lo que en la reglamentación se estableció que si había excedentes, estos deberían ser reinvertidos en los servicios de salud 5. Este hecho favoreció la integración vertical en el campo de la salud y la creación de instituciones hospitalarias de alta complejidad por parte de las aseguradoras, lo que llevó a distorsiones del mercado y de la libre competencia 6. Es posible que esta asimetría haya influido en el deterioro financiero y posterior cierre o transformación de una parte importante de la red hospitalaria pública 7, aunque también pudo ocurrir como consecuencia de ineficiencia administrativa y altos costos laborales 8. La combinación de estos problemas contribuyó al deterioro progresivo de la confianza entre los diferentes actores del sistema de salud y al rechazo en algunos sectores de este modelo de aseguramiento. Los trabajadores de la salud se sienten maltratados por las clínicas, los hospitales y las EAPB; las clínicas y los hospitales tienen dificultades para recuperar la cartera con las empresas aseguradoras que, con demoras de más de 90 días en el pago, trasladan los costos financieros a las primeras sin ningún tipo de sanción por esta demora 9. Por su parte, los pacientes desconfían dado que se les niega o retrasa la atención y satisfacción de sus necesidades en salud llevándolos a recurrir, frecuentemente, a las instancias judiciales para recibir servicios excluidos del plan de beneficios del sistema. Estas barreras, así como las estrategias asumidas por los actores, incrementan los costos 10 y dan como resultado que los jueces participen como determinadores del gasto en salud 9. Desde la perspectiva de la salud pública, durante los años posteriores a la reforma, el cambio del modelo al aseguramiento individual por las EAPB afectó el desempeño y los resultados de las actividades colectivas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y atención primaria. De esta manera, se documentó una disminución en algunos indicadores de cobertura del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) durante los años finales de la década de los noventa y los años 2000 7. Asimismo, se identificaron limitaciones en la ejecución de algunos programas colectivos bajo responsabilidad de las entidades territoriales 11 y debilidades en los mecanismos de vigilancia, inspección y control ejercidos por las autoridades competentes, particularmente en relación con el seguimiento financiero y operativo de algunas EPS 12,13. En medio de esta situación aparece un elemento adicional que afecta el desempeño y la confianza de los actores en el sistema: la corrupción presente en varios niveles del sistema 14,15. LA LEY ESTATUTARIA DE SALUD Y SUS CONSECUENCIAS NO PREVISTAS En respuesta a las crecientes tensiones acumuladas dentro del sistema de salud, el Congreso de la República de Colombia promovió una transformación normativa de gran alcance mediante la aprobación de la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que reconoció la salud como un derecho fundamental autónomo 16. Esta reforma contó con el respaldo de amplios sectores de la sociedad, incluidos los trabajadores de la salud, y buscó corregir algunas de las principales dificultades observadas durante las dos primeras décadas de funcionamiento del sistema. Entre sus objetivos se encontraban el fortalecimiento de la autonomía profesional de los profesionales de la salud, la reducción de barreras administrativas para el acceso a los servicios y la limitación de mecanismos de intermediación que pudieran restringir el acceso y ejercicio efectivo del derecho a la salud. Desde la perspectiva de los pacientes y de los profesionales sanitarios, estas medidas representaron avances importantes en la protección de los derechos individuales y en la recuperación de la capacidad de decisión clínica. No obstante, la implementación de la reforma también generó desafíos significativos para la sostenibilidad financiera del sistema. La adopción de un modelo de salud que incorpora la cobertura universal de todos los medicamentos y tecnologías sanitarias, excepto aquellas expresamente definidas por la autoridad competente, amplió de manera considerable el gasto en salud financiado con los recursos públicos administrados por las EAPB. Como consecuencia, aumentó la presión sobre los mecanismos de financiación existentes y surgieron interrogantes acerca de la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) reconocida por el Estado a las EAPB para cubrir el plan de beneficios y las obligaciones dentro del sistema 17, sin resolver los problemas generados por la integración vertical para la red pública ni mejorar la cobertura y efectividad de las acciones colectivas de promoción y prevención en salud. Adicionalmente, el fortalecimiento de la autonomía médica y la aún creciente participación de las decisiones judiciales en materia sanitaria, llevó a un incremento progresivo del gasto en salud 18. La magnitud de las deudas acumuladas entre los diferentes actores llevó al Gobierno nacional a implementar en 2019 el denominado Acuerdo de Punto Final, estrategia diseñada para sanear parte de las deudas históricas del sistema mediante la destinación de recursos públicos por varios billones de pesos 19. Aunque esta medida permitió aliviar parcialmente las tensiones financieras acumuladas durante años, no logró resolver de manera definitiva el desequilibrio estructural entre las fuentes de financiación disponibles y el crecimiento sostenido del gasto sanitario 20. En este contexto, en 2022 el nuevo gobierno promovió otra reforma estructural con el propósito de modificar aspectos fundamentales del modelo de aseguramiento y prestación orientado a la atención primaria y de financiación vigentes. Esta propuesta se desarrolló en un escenario de profunda polarización política y social que dificultó la construcción de consensos y condujo al fracaso de su trámite legislativo en tres oportunidades. Ante esta situación, el gobierno permitió que el sistema de salud siguiera su "curso clínico", lo que llevó a la actual crisis del sistema de salud 21. La situación actual pone de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un nuevo acuerdo social en salud que trascienda las diferencias políticas e ideológicas, y permita construir soluciones sostenibles, centradas en los pacientes, financieramente viables y respaldadas por la participación de todos los actores involucrados en el sistema. Las experiencias acumuladas durante más de tres décadas ofrecen enseñanzas valiosas que deberían orientar cualquier proceso de transformación futura. LECCIONES PARA CONSIDERAR EN EL FUTURO En la elaboración de la reforma deben participar los trabajadores de la salud, en especial el gremio médico a través de la Academia Nacional de Medicina y las universidades, como también los representantes de los hospitales y las clínicas y de la sociedad civil que incluya tanto ciudadanos sanos como pacientes.Se debe evitar la "posición dominante" de alguno o algunos de los actores. Debe haber una participación público-privada equilibrada.Se debe tener un plan de beneficios limitado en su financiación por el Estado. Se deberá priorizar qué se cubre con recursos públicos. Habrá que definir los procedimientos para identificar las tecnologías que serán cubiertas por el plan de beneficios, bajo los principios de la justicia distributiva.Se debe evitar la intermediación financiera. Aunque se requiere el aseguramiento, este podría serSe deberá reforzar la capacidad resolutiva en las instituciones de salud públicas y privadas en el primer nivel de atención. Esto requiere adecuación de las tecnologías disponibles y capacitación de los médicos para resolver las urgencias con amenaza para la vida y muchas condiciones que no requieren atención especializada.Los programas de promoción de la salud y prevención de atención en salud pública deben ser dirigidos y financiados directamente por el Ministerio de Salud, en estrecha coordinación con los entes regionales y locales de salud.Desterrar la corrupción y promover los principios éticos en la gestión de la salud por los profesionales del área, y de gestión y administración de los recursos a nivel individual, corporativo, empresarial y gubernamental como única vía para lograr una salud y convivencia pacífica, equitativa, respetuosa y justa. En la elaboración de la reforma deben participar los trabajadores de la salud, en especial el gremio médico a través de la Academia Nacional de Medicina y las universidades, como también los representantes de los hospitales y las clínicas y de la sociedad civil que incluya tanto ciudadanos sanos como pacientes. En la elaboración de la reforma deben participar los trabajadores de la salud, en especial el gremio médico a través de la Academia Nacional de Medicina y las universidades, como también los representantes de los hospitales y las clínicas y de la sociedad civil que incluya tanto ciudadanos sanos como pacientes. Se debe evitar la "posición dominante" de alguno o algunos de los actores. Debe haber una participación público-privada equilibrada. Se debe evitar la "posición dominante" de alguno o algunos de los actores. Debe haber una participación público-privada equilibrada. Se debe tener un plan de beneficios limitado en su financiación por el Estado. Se deberá priorizar qué se cubre con recursos públicos. Habrá que definir los procedimientos para identificar las tecnologías que serán cubiertas por el plan de beneficios, bajo los principios de la justicia distributiva. Se debe tener un plan de beneficios limitado en su financiación por el Estado. Se deberá priorizar qué se cubre con recursos públicos. Habrá que definir los procedimientos para identificar las tecnologías que serán cubiertas por el plan de beneficios, bajo los principios de la justicia distributiva. Se debe evitar la intermediación financiera. Aunque se requiere el aseguramiento, este podría ser Se debe evitar la intermediación financiera. Aunque se requiere el aseguramiento, este podría ser Se deberá reforzar la capacidad resolutiva en las instituciones de salud públicas y privadas en el primer nivel de atención. Esto requiere adecuación de las tecnologías disponibles y capacitación de los médicos para resolver las urgencias con amenaza para la vida y muchas condiciones que no requieren atención especializada. Se deberá reforzar la capacidad resolutiva en las instituciones de salud públicas y privadas en el primer nivel de atención. Esto requiere adecuación de las tecnologías disponibles y capacitación de los médicos para resolver las urgencias con amenaza para la vida y muchas condiciones que no requieren atención especializada. Los programas de promoción de la salud y prevención de atención en salud pública deben ser dirigidos y financiados directamente por el Ministerio de Salud, en estrecha coordinación con los entes regionales y locales de salud. Los programas de promoción de la salud y prevención de atención en salud pública deben ser dirigidos y financiados directamente por el Ministerio de Salud, en estrecha coordinación con los entes regionales y locales de salud. Desterrar la corrupción y promover los principios éticos en la gestión de la salud por los profesionales del área, y de gestión y administración de los recursos a nivel individual, corporativo, empresarial y gubernamental como única vía para lograr una salud y convivencia pacífica, equitativa, respetuosa y justa. Desterrar la corrupción y promover los principios éticos en la gestión de la salud por los profesionales del área, y de gestión y administración de los recursos a nivel individual, corporativo, empresarial y gubernamental como única vía para lograr una salud y convivencia pacífica, equitativa, respetuosa y justa. CONCLUSIÓN La crisis actual del sistema de salud colombiano no puede atribuirse a una única decisión, a un único actor ni a una sola reforma. Por el contrario, constituye el resultado de un proceso complejo en el que han convergido decisiones institucionales, incentivos económicos, debilidades regulatorias, insuficiencias en la financiación, problemas de gobernanza y fenómenos persistentes de corrupción. No obstante, los avances alcanzados durante las últimas tres décadas, particularmente en materia de cobertura y acceso a los servicios de salud, demuestran que el sistema también ha sido capaz de generar resultados positivos que merecen ser preservados. Las lecciones derivadas de esta experiencia histórica sugieren que el debate sobre el futuro de la salud en Colombia debe superar las posiciones ideológicas y los intereses particulares de los diferentes actores. La discusión debe centrarse en la construcción de un modelo que garantice simultáneamente el acceso efectivo a los servicios, la sostenibilidad financiera, la calidad de la atención, el fortalecimiento de la salud pública y la protección de los recursos destinados al bienestar colectivo. Si algo enseña la historia reciente del sistema de salud es que ninguna reforma será exitosa si excluye actores fundamentales, desconoce las restricciones económicas existentes o carece de mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas. La sostenibilidad del sistema dependerá, en última instancia, de nuestra capacidad para trabajar por el bienestar general y no solo por los intereses de un grupo, aprender de los errores del pasado y construir acuerdos duraderos orientados a la protección efectiva del derecho fundamental a la salud.